«La demanda de este año siendo increíble por el número de peticiones. Mejor que nunca. Llaman de todas partes diciendo que no encuentran nada disponible para agosto». Quien así habla es María José, una veterana propietaria que tiene en alquiler cuatro viviendas en el barrio de La Arena. Por el verano, aloja a turistas y por el invierno, a estudiantes. Sus pisos están en las calles Aguado, Canga Argüelles, Menéndez Pelayo y La Playa. Oscilan entre las tres y las cuatro habitaciones. Y todos, sin excepción, comenta, «tienen vistas a la playa de San Lorenzo y están perfectamente cuidados».
Ella sólo alquila por meses y reconoce: «No soy barata». Por la estancia en julio en una de sus casas cobra 1.600 euros y por las rentas de agosto, 2.200 euros. Y la gente lo paga, porque lo tiene todo ocupado. «Aquí en Gijón se ha alquilado en la misma zona que la mía a 1.700 en el mes de julio y se pide 2.700 por el mes de agosto», apostilla la propietaria.
«Este año hasta para julio ha llamado mucha gente para hacer reservas. De Francia, Alemania, Zaragoza, Madrid... El teléfono no ha parado de sonar desde noviembre. Hay personas que hacen sus números y les sale el arrendamiento más barato para su familia que un hotel», explica María José, quien mantiene con algunos clientes una relación comercial desde hace varios veranos.
Fuera del control del fisco
Las ganancias de la temporada estival las invierte en arreglos de los pisos que, según explica, son todos comprados y no fruto de herencias.
El alquiler de pisos de veraneo en Gijón, al igual que sucede en otras ciudades costeras del norte, tiende a escapar al control del fisco. En la mayoría de los arrendamientos de viviendas en temporada estival los contratos y las facturas brillan por su ausencia y los cobros se hacen en negro.
Los casos en que los propietarios pactan por escrito las condiciones del alquiler son la excepción y, en muchas ocasiones, si finalmente hay un documento firmado por ambas partes es porque el arrendatario lo solicita.
Depósito de reserva del 30%
Hacienda no tiene cuantificado el fraude en estas transacciones de temporada, aunque fuentes de la Agencia Tributaria consultadas afirman que «no es un importe relevante, ya que son rentas limitadas a una época estacional muy concreta». Además, añaden que, desde que en el año 2006 se impuso la obligación de incluir la referencia catastral de los bienes inmuebles en el IRPF, ha aumentado sensiblemente el número de rentas declaradas de este tipo. En cualquier caso, ha habido años en que el fisco ha estrechado el cerco en Gijón, multiplicando las inspecciones a los propietarios que se dedican a este tipo de negocio.
El depósito previo que garantiza la reserva se pide en casi todos los alquileres consultados por EL COMERCIO y oscila entre el 20 y el 30% del importe, aunque en algunos casos asciende hasta el 50% de la renta. El pago suele hacerse mediante transferencia bancaria.
El mercado de los alquileres veraniegos interesa cada vez menos a las agencias inmobiliarias por las escasas comisiones que dejan (entre 200 y 400 euros). Los pisos tienen que estar en buenas condiciones y no caben fallos durante las cortas estancias de los inquilinos de temporada. Además este tipo de arrendamiento no ofrece la seguridad jurídica, para los intermediarios, de un contrato convencional a más largo plazo. Por eso los propietarios cada vez recurren más a portales de internet y a la cartelería para anunciar su oferta de pisos de alquiler.
