Encicaisa podría ser otra promotora más arrastrada por la crisis del ladrillo. Ni grande, ni pequeña, condenada a pasar por un concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- para tratar de recuperar la liquidez. La empresa lo presentó voluntario el 5 de febrero del año pasado, pero aún sigue sin resolverse, pese a ofrecer el pago del cien por cien de la deuda en tres años en un convenio respaldado por más del 90% de los acreedores. La Junta de Acreedores se reunirá el 29 de este mes para aprobar el convenio, confirmaron fuentes de la concursada, y, a la vuelta del inhábil agosto, el juzgado debería pronunciarse.
La demora se debe en parte a las irregularidades que señalan, en su informe definitivo, los administradores concursales designados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo. El documento, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, responsabiliza a los socios de la empresa al 50%, el constructor Roberto Encinas y el notario José Antonio Caicoya, de un presunto alzamiento de bienes por importe de más de 12,5 millones de euros. Apuntan que Encicaisa, Cedur e Inmoviur «han presentado concurso voluntario de acreedores. Sin embargo, son otras sociedades las que se han beneficiado de la financiación y actividad productiva de éstas».
Los administradores consideran que Encicaisa y las otras dos sociedades concursadas forman parte del Grupo GSM, en el que integran a otras 15 empresas. Sólo cinco (Encicaisa, Socreas XXI, Estación de Servicio Porceyo, Biocastur y Biocarburantes de Castilla) tienen domicilio social en la notaría ovetense. En las tres primeras, Encinas y Caicoya son socios al 50%; en las otras dos, la participación es indirecta: Encicaisa (Encinas y Caicoya) tiene el 20 y el 25% del capital, respectivamente.
El resumen del entramado para los administradores es que José Antonio Caicoya ejercía de administrador de hecho de Encicaisa y que la quiebra de ésta benefició a otras sociedades del Grupo GSM y al patrimonio del propio notario. A otras sociedades, a través de los avales por importe de más de 12,5 millones de euros concedidos por la empresa a otras firmas participadas (Biocastur, Biocarburantes de Castilla y Estación de Servicio Porceyo) «que no le reportan ningún beneficio a la entidad y que, al contrario, suponen un grave perjuicio para el resto de acreedores».
En el mismo capítulo, incluyen la venta por parte de Encicaisa a Socreas (Encinas y Caicoya) de un inmueble en Llanes, seis días antes de solicitar el concurso. El edificio había sido adquirido mediante un crédito avalado por el notario y los administradores sostienen que con su venta, éste evitó la ejecución del aval y que el predio quedase atrapado en el inminente concurso.
El cien por cien
Desde el despacho de Gutiérrez de la Roza, que ha gestionado los tres concursos (Inmoviur, Cedur y Encicaisa), prefieren «ser prudentes» a la hora de valorar el contenido del informe definitivo de los administradores concursales. «Si aquí hubiera una quiebra fraudulenta no se ofrecería un convenio por el cien por cien de la deuda en tres años a todos los acreedores, ¿dónde están los perjudicados entonces?», pregunta el letrado responsable de la tramitación.
Algunas de las afirmaciones del informe «chocan» a la representación de Encicaisa, como señalar que el domicilio social de una empresa es clave para determinar la administración de la misma. También entienden como fuera de lugar la vinculación que se establece entre las sociedades en las que participa el notario con el Grupo GSM en el que no tiene arte ni parte. Pero nada de esto tiene trascendencia para la ley concursal. Si hay acuerdo con los acreedores, como parece el caso, el juzgado lo aprueba y luego vigila el cumplimiento del convenio. Sólo si se incumple, se calificaría como «culpable».
