¿Por qué una constructora de relevancia pública obliga a los compradores de viviendas a pagar cantidades cercanas a los 4.000 euros cuando sabe que es ilegal? Esa es la pregunta que se planteó la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) a principios de año tras recibir varias quejas de usuarios. Al parecer Comamsa exigió a los compradores de 30 pisos en la calle Foncalada el pago del impuesto de la Plusvalía. Una práctica ilegal, según la Ley de Mejora de Protección de los Consumidores aprobada en 2006. El impuesto grava los beneficios por la revalorización de los bienes, «y quien se benefician son los promotores y constructores», destacó el presidente de la UCE, Dacio Alonso.
Fue precisamente la UCE-Asturias, quien llevó al Congreso de los Diputados el asunto. «Antes todos los constructores y compradores de la región repercutían el impuesto a los compradores, pero desde que se aprobó la Ley los casos de cobro de la plusvalía se dan con cuentagotas. El tema de Comamsa nos llamó la atención», explicó ayer Alonso. Despertó su interés porque varios afectados acudieron a la UCE con una carta de Comamsa. «Era una circular intimidatoria que, además de exigir la liquidación del impuesto, amenazaba a los compradores. Decía que si no pagaban en tiempo y forma tendrían que abonar el recargo de apremio del 20% más los intereses», reprochó Alonso. En concreto fueron dos vecinos de la urbanización de Foncalada los que presentaron la queja que afecta a 30 familias.
Ya con todos los datos, la UCE informó a la concejalía de Consumo, «que siete meses después de conocer las prácticas abusivas e ilegales no ha notificado la apertura de expediente sancionador». Ahora, han decidido probar en el Juzgado de Primera Instancia número 5. A finales de junio presentaron la demanda para que la empresa devuelva el montante pagado por los compradores. La pasada semana ya recibieron la citación para el juicio: será el 10 de octubre.
Para Alonso no es una casualidad. No es cosa del azar que la misma empresa que ha llegado a un acuerdo para construir y poseer un aparcamiento bajo la calle Uría, goce de privilegios. «Comamsa sabe dónde actúa y sabe que lo que está haciendo es ilegal», sentenció el presidente de la UCE. Porque la inactividad del Ayuntamiento «ha convertido a la ciudad en refugio de proveedores de bienes y servicios, pues da igual la forma en que actúen». La frase forma parte de una sentencia dictada el pasado verano por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 en respuesta a la demanda presentada por la UCE por la pasividad municipal. El de Comamsa es un caso concreto, pero en los últimos diez años unos 100.000 compradores han pagado más de 90 millones por el impuesto. La UCE iniciará una campaña en la región para que los afectados puedan recuperar su dinero.
