Nadie en el equipo de gobierno ocultó que fue uno de los mayores varapalos que podían haber recibido. En julio de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Se abría una agria polémica sobre las responsabilidades de los defectos de forma que el tribunal había detectado y, también, un tiempo de inseguridad y dudas. Pero, sin que nunca sea, evidentemente, un buen momento para que algo así ocurra, sin duda este no ha sido el peor. La situación económica ha maquillado en gran medida la posible paralización del sector de la construcción que aquella sentencia podría haber provocado.
El equipo de gobierno insistió desde el principio en que la ciudad no se paralizaría y que los proyectos en marcha continuarían sin problemas. Por su parte, los constructores pedían un nuevo Plan General para dar seguridad al sector. Su petición está en marcha y ahora, doce meses después de que Gijón se quedara sin documento urbanístico, nadie cree que se haya notado. Lo dicen los arquitectos, los constructores, el Ayuntamiento e incluso los vecinos que provocaron aquel fallo judicial.
Sonia Puente, vocal de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Asturias, lo tiene claro. El sector no ha notado un descenso en los visados tramitados. Al menos no que se puede achacar «de forma objetiva» a la anulación del plan. Hay crisis económica, recuerda Puente. Quizás en otro momento las cosas hubieran sido distintas. Lo dicen también desde CAC-Asprocon, la gran entidad que agrupa a los constructores y promotores de toda Asturias, donde aseguran no tener constancia de que ningún empresario se haya visto perjudicado o haya tenido que aplazar un proyecto por este motivo.
Y el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, afirma que la sentencia no ha tenido ninguna repercusión práctica en el desarrollo de la actividad constructiva en la ciudad. Si finalmente los datos oficiales indican que hay descenso de licencias todo el mundo lo achacará a la coyuntura actual. Coincide en ello Antonio García, presidente de la asociación de vecinos de Deva pero, ante todo, abogado que consiguió aquella primera sentencia anulatoria. Reconoce García que «lo más duro en este año ha sido la situación económica». La sentencia coincidió con la crisis y es evidente que el sector no vive su mejor momento, pero nadie lo achaca al parón del Plan General.
Retrasos en Cabueñes
En realidad sí ha habido un paréntesis en una de las grandes actuaciones previstas en el anterior plan y también en el nuevo. Pero lo lógico es pensar que, aun sin sentencia de por medio, las grúas no se hubieran puesto en marcha. Se trata del plan de Cabueñes, uno de los más polémicos del PGO y sobre el que la propia alcaldesa reconoció hace unos meses que no se tramitaría ni un paso más hasta la aprobación definitiva del nuevo plan, algo previsto para antes de las próximas elecciones municipales. De hecho, ni siquiera se han contestado a las 2.865 alegaciones que se presentaron, hace ya más de dos años. Cabueñes se retomará ahora, con la nueva tramitación en marcha y, según lo avanzado por Sanjurjo, sin novedades importantes, es decir, básicamente ocupará la misma extensión, con la misma edificabilidad, por lo que las previsiones siguen siendo de unas 580 viviendas.
Más allá de estas cuestiones, quienes trabajaron para llegar a este punto, al de la redacción de un nuevo plan, no pueden mostrarse satisfechos. Antonio García no oculta su «frustración» porque la anulación del plan anterior debería haber provocado «la redacción de un plan ajustado a la realidad, y no veo que eso lo estén haciendo». Esperaban muchos cambios, a pesar de que ya había advertido el equipo de gobierno que se repetiría la tramitación, pero que el contenido se mantendría prácticamente igual. «El Ayuntamiento ha planteado la revisión como una especie de saneamiento del plan anterior, y está dejando de lado la cuestión fundamental, ajustar el plan a la realidad. Están desaprovechando una oportunidad». El colectivo vecinal de la zona rural apostaba por «un plan que estratégicamente mejorara la ciudad, que recogiera el nuevo modelo económico».
Al margen de esto, el abogado mantiene una inquietud, dice, similar a la que había cuando se comenzó la tramitación del plan luego anulado. En aquel momento Gijón debía aplicar por primera vez la Ley del Suelo del Principado, con las dudas que eso conllevaba. Y, ahora, sucederá lo mismo, pero con la nueva Ley del Suelo estatal, cuyo texto refundido fue aprobado en 2008. Es la normativa, por ejemplo, que obliga a hacer una evaluación ambiental, pero no sólo eso, sino todo un «complejo» entramado de normativa y terminología. Por eso, García considera «peligroso» que se tramite el plan «con prisas. No es mejor cuanto antes lo hagamos, sino cuanto mejor lo hagamos», concluye.
Mientras, los vecinos ni siquiera se pronuncian sobre los contenidos, a la espera de que pasen por el Pleno. «Adelantar ya el resultado es obviar el trámite de información pública. Forzar la maquinaria no es positivo para la seguridad jurídica».
