A falta de una semana para que el Plan General de Ordenación pase por el Pleno municipal aún se van dando a conocer algunas de las novedades que contiene el documento. Entre ellas, una nueva posibilidad de construcción en la zona rural. El nuevo PGO permitirá construir una vivienda en suelo no urbanizable de interés, fuera por lo tanto de núcleo rural, siempre que esa vivienda esté relacionada con una explotación agrícola o ganadera. Si la intención es desarrollar la actividad agrícola, se exigirá un mínimo de 15.000 metros cuadrados. Si está destinada al ganado, la parcela deberá ser de 25.000 metros cuadrados. El objetivo es «dar flexibilidad y que quien quiera vivir del campo pueda hacerlo», explicó el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. Pero hay un matiz importante: para que la casa construida se mantenga deberá hacerlo también la actividad ligada a ella. Si la explotación ganadera o agrícola desaparece «también desaparece la vivienda». Es decir, que sería derribada.
Sanjurjo explicó estas cuestiones después de haber intervenido ante el Consejo Social de la ciudad y haber ofrecido a sus miembros una explicación de una hora sobre los contenidos del nuevo plan. Hoy presidirá la cuarta y última comisión monográfica de Urbanismo sobre este tema, en la que aún habrá tiempo, dijo, de desvelar más novedades relacionadas con el suelo urbano y el urbanizable. Y a partir de ahí arrancará la segunda gran fase de tramitación del plan. Tras el Pleno del día 30 se enviará el acuerdo para su publicación en el BOPA, momento que marcará el inicio de los dos meses de periodo de información pública. Un tiempo en el que Urbanismo habilitará una oficina en el Museo del Ferrocarril, un espacio de 200 metros cuadrados en el que se ofrecerá una exposición de planos y donde técnicos municipales atenderán las dudas y preguntas de los ciudadanos.
Además, durante el periodo de información pública el Ayuntamiento colgará en su página web todo el contenido del plan, que desde ayer tienen también los grupos municipales para su estudio. Pero es que, después de esos dos meses, aún llegará la valoración de las alegaciones, su inclusión o no en el documento, la remisión del texto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y a la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA), cuyos informes son preceptivos y vinculantes. Eso es lo que queda a partir de ahora. De lo ya hecho, Sanjurjo destacó «el intenso trabajo realizado por los técnicos de la casa», un trabajo en el que «hemos aprovechado el tropiezo de la sentencia anulatoria para convertirlo en una oportunidad». Porque «no sólo hemos vuelto a tramitar el plan, sino que hemos hecho una auténtica revisión, con muchas incorporaciones».
«Apoyo unánime»
Así lo manifestó Sanjurjo en rueda de prensa y así se lo había manifestado al Consejo Social, que contó con la asistencia de colectivos como las federaciones vecinales urbana y rural, la Cooperativa de Agricultores, ASATA, el Principado, CAC-Asprocon, Autoridad Portuaria, sector del metal y los sindicatos. Según el edil de Urbanismo, quienes tomaron la palabra (UGT, CC OO, Principado, FAV y Asprocon) mostraron un «apoyo unánime a los criterios del Plan General» porque «mostraron de forma muy directa que se han recogido sus sugerencias y orientaciones».
Los acuerdos llegaron básicamente en tres cuestiones. La primera, en que Gijón contará «con suelo industrial suficiente para seguir creciendo», con una «apuesta clara para que siga siendo la locomotora industrial de Asturias». En segundo lugar, porque habrá espacio para viviendas suficiente para atender las necesidades del futuro. Y en tercer lugar porque «el hecho de que el 73% del territorio se mantenga como suelo no urbanizable es la principal garantía de preservación del medio ambiente».
Sanjurjo añadió que el trabajo realizado ha conllevado también «la revisión íntegra de toda la normativa regional y estatal y todos los cambios introducidos en este sentido».
