Baltasar Garzón ha quemado su último cartucho para evitar tener que sentarse a partir de otoño en el banquillo, acusado de prevaricación por haber investigado los crímenes del franquismo a sabiendas de que no era competente. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que interpuso el magistrado suspendido contra la decisión de este órgano, que el pasado 6 de mayo ya denegó de plano la petición de Garzón de que se apartara de la causa a su actual instructor, Luciano Varela, al entender que no era imparcial.
El juez, en su último intento de impedir que este asunto no llegara a vista oral, había recusado a Varela por el supuesto «interés directo» del instructor en la causa y le acusó de parcialidad por haber invitado a las acusaciones particulares a que corrigieran los errores de sus escritos para así poder admitirlos.
Garzón llegó a culpar a Varela de haber vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, el principio de igualdad de partes y el derecho a un juez imparcial.
Ahora, por segunda vez, el Supremo confirma que Varela seguirá al frente de la investigación y, de manera tácita, avala que no hubo irregularidades en la instrucción.
El ponente del auto conocido ayer, Andrés Martínez Arrieta, que fue el encargado de estudiar la recusación inicial, «ratifica el contenido argumental» que le llevó a dejar a Varela al frente de la causa. Entiende el alto tribunal que no hay pruebas de que las resoluciones del instructor fueran de parte, ya que todos sus fallos fueron conformes a la ley procesal penal. Las polémicas resoluciones «no pueden objetivizar (sic) la pérdida de imparcialidad que se denuncia», dictamina Arrieta.
El Tribunal Supremo analiza en particular el polémico auto en el que el juez Varela dio una 'segunda oportunidad' a Manos Limpias y a Falange Española y de las JONS (que posteriormente fue apartada de la causa) para rectificar sus escritos. Martínez Arrieta no ve en esa resolución ilegalidad alguna: «Esta subsanación, y por lo tanto la concesión de un plazo, es una consecuencia de una interpretación constitucional del proceso penal», asegura la Sala de lo Penal. En su primera resolución, Martínez Arrieta ya avisó a Garzón que invitar a las acusaciones a enmendar sus escritos sólo tenía como objetivo «reforzar y actuar las garantías derivadas del principio acusatorio que ampara al imputado en el procedimiento penal».
