Cuando todo el Gobierno recorta, Bienestar Social, en plena vorágine de crisis, incrementa sus aportaciones. De hecho, la consejera no ha podido evitar confesarse «orgullosa de poder reforzar la política social en Asturias» y de que la Red Básica de Servicios Sociales -aquella que desarrollan los ayuntamientos con una aportación mayoritaria del Principado y otras mucho más pequeñas del Estado, el municipio y hasta del usuario-, «no haya sufrido ningún recorte, sino más bien al contrario, que se haya consolidado y ampliado».
Noemí Martín, que presentó un presupuesto de 56,2 millones para las acciones municipales de 2010, no perdió de vista a las 88.000 personas que recibieron atención de los ayuntamientos durante 2009, a la hora de recordar que su consejería aumentó un 7,2% su aportación hasta llegar a los 32,7 millones. «Esas 88.000 personas representan al 8% de la población y suponen un aumento de tres puntos de esas demandas sobre las registradas en 2008».
Los 56,2 millones se reparten fundamentalmente entre tres acciones: la ayuda a domicilio, que se lleva 21 millones y que «estimamos que este año podría atender a más de 11.000 personas»; las ayudas de emergencia y apoyo económico, con un millón de euros, «que dado el contexto de crisis económica se incrementa un 15%». En 2008, según apostilló el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, se concedieron 4.212 ayudas familiares, mientras que en 2009 fueron 5.005 las peticiones atendidas. «La proporción tiene que ver con la crisis, evidentemente, pero no podemos adelantar cuál va a ser el comportamiento de este año», señaló Pedro Rodríguez.
La tercera vía de aplicación de la Red Básica de Servicios Sociales es la destinada a personas mayores y dependientes que vivan en zonas rurales y que se llevará 975.000 euros, cantidad suficiente como para incrementar en 200 el número de plazas en Centros Rurales de Apoyo Diurno con la puesta en funcionamiento de cuatro centros de día en Morcín, Caso, Bimenes y Onís.
Con todo, inmersa en una catarata de números, crecimientos, atenciones y porcentajes, la consejera de Bienestar Social recalcó que «lo que buscamos es ir consolidando los derechos que garanticen la protección social en un contexto de crisis económica». Y no perdió la ocasión de contradecir a quienes criticaron las políticas sociales en tiempos de crisis al cuantificar en 2.000 las personas que trabajan en la Red Básica de Servicios Sociales municipales, a lo que añadió que «en los últimos tres años se han generado 489 nuevos empleos, lo que demuestra que la inversión en política social no sólo contribuye a reducir las desigualdades sociales, sino que genera empleo y actividad».
En contra del copago
En lo que marcó línea propia la consejera de Izquierda Unida fue en la crítica al copago de algunos servicios públicos. Y fue tajante. «Hay algunos consejeros de Hacienda que están defendiendo el copago en sanidad y hasta en educación. Nosotros no compartimos esos criterios en tiempos de crisis. Y es más, en los servicios sociales, que es el único ámbito público en que existe copago, creemos que no se debe de incrementar. Está en el nivel que tiene que estar. Ya aportan una cantidad razonable».
