A pesar de que el contenido del documento aún no es de dominio público, diferentes colectivos y entidades de la ciudad ya han empezado a trabajar en pleno verano en la preparación de sus alegaciones, para que «no nos pille el toro». Es el caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural Les Caseríes. Su abogado Antonio García, que está detrás de muchos de los recursos que han anulado el anterior PGOU, se pasará todo el mes de agosto en su despacho estudiando la nueva norma para ver si ésta se ajusta a Derecho o tiene fallos de forma y fondo que puedan volver a cuestionarlo delante de un juez.
Por el momento, García observa que desde el Ayuntamiento «están metiendo cosas nuevas y otras obsoletas como el plan de Cabueñes, que no varía en esta revisión pese a la contestación vecinal que tuvo». Y, respecto a las novedades, opina que «hay dos actuaciones estrella: el PERI del Pery y el de El Muselín, que pueden acabar convertidas en fuegos artificiales».
Desde el grupo municipal del PP ya se tiene claro por dónde irán sus alegaciones. Según explicó el edil Pablo Fernández, se pedirá la ampliación de la ocupación al 100% de las parcelas industriales, porque «favorece los objetivos de ciudad compacta y eficiencia energética». Fernández también avanza que su partido volverá a reclamar que se incluyan usos residenciales en los terrenos de lo que fue Naval Gijón. «Allí ya hay una trama urbana consolidada y la vivienda puede acompañar al parque tecnológico que plantean en edificios con forma de barco», defendió.
Otros colectivos como el de los promotores volverán a pedir una actuación en el PGO que tome el relevo del área de Roces.
