Las empresas asturianas capearon mejor la crisis en el segundo trimestre de 2010. El número de compañías que acudió al concurso de acreedores para resolver su situación económica se redujo en un 17%, respecto al anterior trimestre del año. Así lo indican los datos aportados por el Consejo General de Economistas a través de su órgano especializado, el Registro de Economistas Forenses (Refor), que cifran en 20, las empresas del Principado que tuvieron que optar por un proceso concursal -antigua suspensión de pagos- para poder afrontar sus numerosas deudas, frente a las 24 del primer trimestre del año. En el cómputo interanual la caída se sitúo en el 20%. Además, una familia se declaró en quiebra.
En el conjunto nacional, el descenso del número de concursos fue el mismo que se produjo en el Principado, un 17%, con 1.335 procesos de acreedores, frente a los 1.616 que se tramitaron en el primer trimestre del año. Las familias que se declararon en quiebra en España ascendieron a 268, lo que supone un descenso del 16,5% respecto al mismo período del año anterior, aunque es también un aumento del 7,2% en relación con los tres primeros meses del año.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), quien también ha publicado un informe sobre la evolución de los procesos concursales en el último trimestre, una de cada tres empresas concursadas en el país tiene como actividad principal la construcción o la actividad inmobilaria. En Asturias la tendencia es muy similar y del total de concurso de acreedores, diez empresas estaban relacionadas con el sector de la promoción inmobilaria. Además, destaca el hecho de que cuatro entidades concursadas estaban relacionadas con el comercio al por mayor, un sector que como la publicidad, las productoras y editoriales o la pesca, ha visto incrementado el número de procesos concursales, según alerta el Colegio de Economistas.
Las pymes, más endeudadas
De las compañías en suspensión de pagos casi el 35% se concentra en los tramos de uno a dos asalariados, 213 empresas, y de diez a diecinueve, 220. Mientras que las empresas con más de cien empleados solo sufrieron 35 insolvencias, lo que demuestra que las pequeñas y medianas empresas siguen siendo las más afectadas por la crisis. Una realidad que se ve refrendada por el hecho de que las entidades con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros han sido las que más procesos tuvieron con 790 a nivel nacional, y 16 en el Principado. Sin embargo, en Asturias no hubo ningún concurso entre las que mueven un volumen de negocio superior a los diez millones de euros, y en esta misma categoría a nivel nacional solo hubo 101 procesos concursales.
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía fueron las más afectadas y registraron el mayor número de declaraciones de concurso en el segundo trimestre, acaparando el 59,6% del total. Cataluña sumó 356 concursos; la Comunidad Valenciana, 196; Madrid, 184, y Andalucía, 164. No obstante, tanto en el caso catalán como en el valenciano y el madrileño el número de insolvencias es menor que el registrado en el primer trimestre del año.
En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos durante el segundo trimestre del año fueron La Rioja, con tan solo seis procedimientos; Cantabria que registró ocho y Extremadura con 14.
El presidente del Consejo de Economistas Valentí Pich no dudó en calificar los datos como «inquietantes», y afirmó que son el resultado de una Ley concursal que ha funcionado «razonablemente bien», pero cuyo proceso resulta demasiado «farragoso e innecesariamente formalista». Así, alertó de que el 90% de las empresas en concurso de acreedores están abocadas a la liquidación a causa de que el procedimiento es «poco ágil». Para el presidente del consejo, la primera conclusión que se percibe es que «el proceso debe ser mucho más rápido (tres años de duración actualmente) y aminorar así los costes que supone para el sector público».
Asimismo, el presidente de Refor, Raimon Casanellas, espera durante todo este año cerca de 5.000 insolvencias de empresas y particulares en los juzgados, lo que implicaría una caída de hasta el 15,5% respecto al 2009. Pero, advirtió de que la ley concursal sigue sin ser válida para resolver los problemas de sobreendeudamiento de particulares que «tienen que hacer frente a sus deudas con sus bienes presentes y futuros».
