Más participación privada para salvar la sanidad pública. Esta es la idea por la que apuestan diversos expertos que ven al sector privado -en ocasiones denostado en el ámbito sanitario- como el balón de oxígeno para las cada vez más comprometidas arcas del sistema público de salud. La propuesta forma parte del segundo Informe Vilardell, entregado por el Gobierno catalán a los diferentes consejeros autonómicos (entre ellos, el asturiano Ramón Quirós) durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado a finales de julio pasado.
El documento, un compendio de 42 páginas, plantea el aumento de la presencia privada para «aliviar» a la sanidad pública, cuya sostenibilidad económica empieza a estar en entredicho. Los expertos son claros y afirman que «hay que reforzar la regulación del sector privado dentro del conjunto del sector salud, de manera que se alinee a los objetivos del sistema de salud, especialmente en el contexto que tenga una presencia creciente para disminuir la presión sobre el gasto público».
Pero no es éste el único planteamiento. Los autores del segundo Informe Vilardell ponen encima de la mesa otras fórmulas para salvar a la sanidad pública. Las propuestas van desde ampliar el copago para «frenar la demanda y disminuir la presión sanitaria», cobrar por servicios adicionales que ofrezcan los hospitales (algunos apuntan a las comidas) o que el Estado deje de hacerse cargo de los costes derivados de los accidentes laborales para transferirlos a las mutuas.
Tasas y servicios
El referido estudio, que lleva por título el apellido del presidente de la comisión de investigación, Miquel Vilardell (presidente del Colegio de Médicos de Barcelona), fue elaborado por 13 especialistas de distintas disciplinas y reconocido prestigio. Sus propuestas están siendo ahora analizadas por las diferentes autonomías, que debatirán sobre el contenido de este trabajo en el próximo Consejo Interterritorial de Salud que presumiblemente se celebrará en septiembre.
A la vuelta de las vacaciones, los consejeros de Salud deberán indicar si están de acuerdo con los planteamientos del Gobierno catalán de «revisar los actuales mecanismos de copago» para el uso de algunos servicios y prestaciones públicas. Ramón Quirós ya se pronunció sobre este asunto en más de una ocasión. El consejero asturiano fue uno de los primeros en plantear que se modificara el actual sistema de copago de las medicinas, con el fin de que los pensionistas de rentas altas comenzaran a pagar parte del coste de los fármacos que consumen, de cuya financiación se encuentran ahora eximidos. En cuanto al contenido del nuevo Informe Vilardell, Quirós adelantó en julio que se trataba de un trabajo «interesante», aunque no fue más allá su valoración a la espera de hacerlo en el Consejo Interterritorial.
No es la primera vez que expertos sanitarios alertan sobre el delicado estado de la sanidad pública española. El temor a que el modelo entre en quiebra está más que fundado. Basta con analizar algunos datos de evolución para advertir del peligro financiero que se cierne sobre las autonomías. En Asturias, por ejemplo, el gasto sanitario ha crecido un 70% en ocho años. Se trata de un aumento difícil de soportar para cualquier arca pública (máxime en tiempos de crisis), pero sobre todo para una como la asturiana, donde el peso de la sanidad se lleva el 38% del gasto liquidado del Principado. En 2002, año en que la región comenzó a gestionar las competencias que hasta entonces tenía el Insalud, la factura sanitaria era de 981 millones de euros. Ocho años más tarde, en 2009, llegaba a 1.657 millones. Es decir, un 68,89% más.
Otro punto sobre el que parece haber bastante consenso es que los pacientes empiecen a pagar por servicios adicionales relacionados de los hospitales «exclusivamente con el confort» y que «no sean sustantivos para la asistencia sanitaria». Algunos de los especialistas apuntan, por ejemplo, a las comidas que se dan en los hospitales o a los servicios de televisión, telefonía e internet que hay en buena parte de las habitaciones. También proponen que las personas que cuenten con un seguro médico privado puedan desgravar en su declaración de la renta, o que los edificios sanitarios no paguen el IBI. Asimismo, plantean revisar a la baja el IVA que recae sobre ciertos productos sanitarios o aumentar los impuestos vinculados al tabaco y al alcohol.
