Prohibir por contrato recibir regalos, asistir a congresos o viajar a costa de empresas farmacéuticas. Esta es otra de las propuestas barajadas en el segundo Informe Vilardell para los profesionales de la sanidad pública. Los especialistas consideran necesario «obligar a la declaración de conflictos de intereses» para el personal sanitario. De hecho, se preguntan «por qué si la industria farmacéutica no permite que sus trabajadores reciban regalos de cualquier proveedor, el sistema de salud lo permite». En este sentido, los autores de la investigación afirman que «la falta de regulación de las relaciones con la industria proveedora es una de las causas principales de ineficiencia del sistema de salud, además de una causa importante de mala práctica y de iatrogenia».
Siguiendo en el ámbito de la prescripción farmacéutica, los autores del Informe Vilardell abogan a su vez por que la administración intervenga en el proceso de suscripción de medicamentos. Asegura, en este sentido, que sería necesario «no dejar la prescripción sólo en mano de profesionales y usuarios». También insta a que las comunidades puedan decidir sobre el precio de las medicinas y a propiciar la congelación de las plantillas de trabajadores.
