Las coordenadas son distintas esta vez, el corazón de Europa central. También ha cambiado el color, de un rojo deletéreo. Y lo peor, que hay muertos. Por lo demás, la catástrofe química desatada en Ajka (Hungría) por la rotura de una balsa minera con lodos residuales de la elaboración de aluminio deja una sensación triste de 'déjà vu'. Esto ya lo hemos visto antes. Ha ocurrido varias veces en Europa, en el mismo Danubio que intentan blindar las autoridades magiares y, sobre todo, en Aznalcóllar (Sevilla), en 1998. Ahora los equipos de limpieza y contención trabajan a contrarreloj, se busca a seis desaparecidos y asoma ya una coreografía también sabida, un baile de reproches entre políticos y los gestores de la empresa en busca de culpables.
Sea un error humano o la suma infausta de negligencia y meteorología adversa, el resultado no varía para las víctimas. Además de la pérdida de vidas, la factura incluye suelos achicharrados por el poder cáustico del fango -de una acidez extrema-, ecosistemas terrestres y acuáticos malogrados durante décadas, y una larga travesía del desierto para los habitantes de la zona, a unos 160 kilómetros de Budapest. Si acaso, una ventaja dudosa; MAL, la empresa causante del vertido es nacional y el gobierno húngaro puede exprimirle los hígados en compensaciones, aunque el principio de 'quien contamina paga' tiene escasa implantación en el Este. En España, la Administración aún no ha visto un euro de compensación de Boliden, la minera sueca responsable del vertido en Aznalcóllar. Tampoco de los responsables de la marea negra del 'Prestige', la otra catástrofe ambiental con mayúsculas en este país.
Aznalcóllar suena a desastre, a calamidad, a tachón en cualquier curriculum medioambiental. Han pasado doce años y todavía los pelos se ponen de punta al oír el nombre de la localidad sevillana. Por lo que fue y por lo que pudo haber sido; el fin de Doñana y su riqueza natural. Hubo suerte in extremis y lo peor no sucedió. Casi todo lo demás sí.
A Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) aquel 25 de abril, una imagen se le grabó a fuego. «Lo que más me impresionó era ver venir el agua y a los peces saltar fuera. El agua ácida tenía un pH de 2,5 y los peces preferían morir asfixiados que abrasados», describe el investigador en el memorial con el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas recordó el décimo aniversario de la catástrofe.
En la madrugada del 25 la balsa residual de la mina de pirita de la sueco-canadiense Boliden-Apirsa S.L. reventó y desencadenó una pesadilla lisérgica. Una ola de tres metros de alto en algunos puntos desbordó los cauces de los ríos Guadiamar y Agrio y bajó hasta las puertas mismas del parque nacional. El tsunami venenoso no se cobró vidas humanas porque la fortuna así lo quiso.
La rotura liberó seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas, un volumen cien veces mayor que el hundimiento del «Prestige» (63.000 toneladas de fuel). Quedaron contaminados 63 kilómetros de cauce fluvial y 4.634 hectáreas de terreno; unos 6.000 campos de fútbol. El 64% de la superficie malograda pertenecía a lo que hoy son espacios protegidos del área 'pre-parque' de Doñana. Los 500 camiones de limpieza empleados recorrieron casi 17 millones de kilómetros, más de 400 veces la vuelta al mundo por la línea ecuatorial.
Metales pesados
El vertido daba para un curso completo de química y toxicología. Contenía la mitad de los metales pesados conocidos y un tercio de los elementos químicos, a cual más amenazador: uranio, arsénico, cobre, plomo, cadmio, zinc y talio, entre otros. Fácilmente dispersables y muy peligrosos. Y en la balsa rota aún quedaban 20 millones de metros cúbicos de légamo amenazando con fluir. La factura de la limpieza y restauración para la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, más de 200 millones de euros.
Los que lo vivieron relatan 48 horas de infarto. Una legión de expertos, instituciones y voluntarios se movilizó con rapidez y coordinación inauditas. Con un apremio desesperado; levantar diques para frenar la riada antes del estuario del Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana.
Por una vez, los políticos escucharon antes a los científicos. El primer informe detallado del CSIC estaba sobre la mesa de José María Aznar y Manuel Chaves cuatro días después de la noche negra. El Consejo organizó por su cuenta un comité científico con 90 investigadores que trabajaron como posesos durante meses. Hoy la recuperación es un éxito y la zona está mejor que antes del vertido, aunque algunos agricultores de la zona se quejan de no haber podido volver a su antigua actividad.
Los ecologistas denuncian además que la contaminación por metales pesados continúa en la zona. En abril se detectó una nueva mortandad de peces en el contraembalse del río Agrio.Y hay una amenaza mayor al acecho. En España hay cientos de balsas de residuos industriales y mineros tóxicos. Tras Aznalcóllar, WWF inventarió 743. Greenpeace señala la especial peligrosidad de la mina de Las Cruces (Sevilla), Cerro Colorado y Aguzaderas (ambas en Río Tinto), Aguas Blancas (Badajoz) y algunas de las balsas estériles de la minería del oro en Asturias. Muchas de ellas cercanas a lugares habitados, «que carecen de planes de emergencia y podrían darnos (de nuevo) un susto del mismo calibre», según Miguel Ferrer.
Tampoco se ha conjurado el riesgo de otro 'Prestige'. Entonces, en noviembre de 2002, ni siquiera se aplicaron las lecciones aprendidas en Aznalcóllar. En medio de una gestión política desastrosa, la voz de los expertos tardó meses en escucharse. Durante su vagabundeo por el Atlántico se vertieron 63.000 toneladas de fuel de las 77.000 que portaba en las bodegas.
El chapapote del 'Prestige'
Lo que no se dispersó se hundió a casi cuatro kilómetros de profundidad al partirse el casco del buque. El chapapote pringó las costas gallegas, cantábricas y el litoral francés. Una compleja operación de sellado submarino del pecio, meses de labores de limpieza y descontaminación, y el sudor generoso de cerca de 80.000 voluntarios atenuaron algo los daños. Aun así, la factura de la marea negra supera los 1.000 millones de euros.
A la cuenta se suman también los cerca de 20 millones que lleva gastados el Estado español en la maraña de procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra la empresa American Bureau of Shipping (ABS), que certificó en su día que el 'Prestige', un cascarón que se caía a cachos, estaba en buenas condiciones de navegación.
Ocho años después, el Instituto Español de Oceanografía certifican que casi el 98 por ciento de la costa afectada está libre de contaminación y la actividad económica recuperada. Pero accidentes como el de Hungría despiertan viejas pesadillas.
