Las fiscalías de Cádiz y Málaga han abierto la puerta para investigar uno de los casos más oscuros del franquismo: la desaparición de niños recién nacidos a los que se había dado por muertos. En los últimos días han admitido varias denuncias particulares sobre casos acaecidos durante las décadas de los sesenta y setenta. En Cádiz, por ejemplo, el Ministerio Público admitió 14 denuncias ya que el supuesto delito que se investiga no ha prescrito, una vigencia «muy dudosa» en otros casos similares. La Policía Judicial tomará declaración a cada uno de los denunciantes y prevé examinar los partes clínicos para saber al menos qué ocurrió.
En el caso de la Fiscalía de Málaga decidió hace unos días abrir diligencias penales para conocer la denuncia de Isabel Agüera, quien considera que su hermana no falleció en el parto en el Hospital Civil en 1970, sino que fue dada en adopción o, directamente, fue entregada a familias adineradas vinculadas al régimen franquista.
Mejor la Audiencia
La plataforma de afectados sobre los casos de niños robados se congratuló ayer de que dos fiscales abran diligencias penales para indagar sobre las desapariciones, aunque estimaron que debería ser la Audiencia Nacional el órgano encargado de investigar los hechos. Sin embargo, el fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza, rechazó esta posibilidad en una reunión con los responsables de la plataforma. Zaragoza considera que, dadas las dudas que existen sobre la prescripción de los delitos, la vía penal podría resultar inútil, de ahí que conminase a los afectados a dirigirse al Ministerio de Justicia.
Por si acaso, la Comunidad de Madrid ha accedido a colaborar y está elaborando un estudio estadístico de fallecimientos de bebés en la maternidad provincial de Madrid durante la década comprendida entre 1961-1971.
