Y al tercer día, habló. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, dio ayer un paso al frente y, visiblemente emocionado, arropó a quien fue durante siete años su consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, detenido el pasado lunes y preso en la cárcel de Villabona desde el martes. El jefe del Ejecutivo admitió que la noticia le dejó «perplejo», sorpresa que comparte con «las miles de personas que le han conocido a lo largo de su dilatada trayectoria».
Precisamente, si ayer el presidente pidió la palabra, fue para subrayar que ese currículum «hay que reivindicarlo, porque es una trayectoria real de respeto, honestidad, austeridad y entrega a unos valores e ideas».
El exconsejero está en prisión preventiva, imputado por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios. Sin ignorar tal cascada de cargos, Álvarez Areces recordó que «entre los preceptos elementales de la Justicia está la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad contra la que luego hay que demostrar la inocencia».
La administración de Justicia reposa sobre este principio: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para el presidente, ese punto no llegaría hasta que se dicte una sentencia definitiva. Los indicios mostrados hasta ahora están sometidos a una instrucción y, por tanto, deben todavía de enfrentarse a las defensas y al veredicto de un juez.
«Se están produciendo juicios paralelos y manifestaciones absolutamente disparatadas sobre cuestiones que en estos momentos se siguen investigando», subrayó Álvarez Areces. Para contrarrestar esa presión, el presidente esgrimió la versión de Iglesias Riopedre, que «ha declarado su inocencia y ha negado cualquier intervención en cualquier hecho doloso que se haya producido». Además de la opinión, el acusado habría aportado «el testimonio de su patrimonio, declarado públicamente».
Una vez expuestos los relatos de la jueza de instrucción y la respuesta del exconsejero imputado, «tenemos que esperar a que la Justicia actúe», expuso Álvarez Areces.
Las palabras del presidente contrastan con los discursos ofrecidos hasta ahora tanto por el candidato socialista, Javier Fernández, como por la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya. El primero, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, optó por suspender temporalmente de militancia a Iglesias Riopedre y procuró distanciarse desde el primer momento de su suerte procesal. «No nos corresponde a nosotros, ni a mí, defender la honorabilidad y el nombre de esas personas detenidas; que lo hagan ellos», justificó.
Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas y portavoz basa hasta la fecha sus comparecencias públicas en recalcar que Riopedre no es ya consejero, y que «las personas que traicionan la confianza que las administraciones depositan en ellas deben afrontar las consecuencias y asumir las responsabilidades derivadas de sus actos».
Aunque el presidente del Principado inició su alocución ayer «ratificando todo lo que ha dicho la consejera portavoz del Consejo de Gobierno», pronto su intervención se fue por otros derroteros. Además de romper una lanza a favor del exconsejero ahora imputado, Álvarez Areces añadió «algo más personal y dirigido a una persona que está gravemente enferma, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo». Con ojos vidriosos, el presidente confió su sensación de «estupor» porque Iglesias Riopedre «tiene un diagnóstico en el que la primera palabra que pone es 'baja laboral', 'peligro de que una situación de estrés ponga en peligro su vida'».
El presidente se mostró «preocupado» y se preguntó si «una persona en el estado de salud en el que se encuentra debe mantener esta situación actual, sabiendo todos que es un ciudadano que tiene esa presunción de inocencia». Los deseos de Álvarez Areces pasan porque «todo esto se aclare cuanto antes e Iglesias Riopedre pueda trabajar en la defensa de su trayectoria de vida, de su honorabilidad y pueda defenderse ante las acusaciones». Hasta ahí llegó el amigo personal. Luego, recuperando la voz presidencial, Álvarez Areces explicó que su Gobierno está «deseando que se levante el secreto de sumario, al que nos encontramos sometidos, para ir al Parlamento y a la opinión pública para decir rotundamente que este Gobierno ha actuado desde la legalidad».
No fue la única voz que salió en defensa del septuagenario exconsejero. Su sucesor, Herminio Sastre, se movió en los mismos términos que el presidente al exponer la «sorpresa y perplejidad» que le ha causado la investigación judicial. Además, quiso mostrar expresamente su «cariño» por Iglesias Riopedre, pero también por María Jesús Otero.
Desde el Gobierno también se pronuncio José Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización. El exjefe de Marta Renedo Avilés, la funcionaria en el origen del caso, se dice «sorprendido» y reconoce que, desde que pusiera en conocimiento de la fiscalía las sospechas por su empleada, hace ahora un año, «no he pensado mucho en este asunto; simplemente hemos esperado a que la Justicia hiciera su trabajo».
