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Felipe Alcaraz renunció a este «privilegio», Pablo Castellano admite que «le viene muy bien» y la última en pedirlo ha sido Cristina Almeida

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Felipe Alcaraz renunció a este «privilegio», Pablo Castellano admite que «le viene muy bien» y la última en pedirlo ha sido Cristina Almeida

28.01.11 - 03:15 -
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Los ánimos andan revueltos con los dineros de los parlamentarios del Congreso y Senado. ¿Pensiones máximas con once años de cotización? ¿'Indemnizaciones' durante dos años -equivalentes al sueldo- por no repetir en el escaño? ¿Fondos de previsión social a cargo del presupuesto del Congreso (dinero público)? Una retahíla de preguntas que no entran en la cabeza del ciudadano medio. ¿Cómo es posible? ¿A dónde iremos a parar? Para no perder el hilo o los papeles, más vale empezar por el principio.
Hagamos memoria: 'España es la octava potencia económica mundial'. ¿Se acuerdan? Lo decía hace apenas cinco años la agencia de calificación estadounidense Standard&Poors, además del Banco Mundial, y nadie lo ponía en duda. O casi nadie. Daba igual que el salario mínimo interprofesional rondara los 570 euros al mes en España, por debajo de Grecia (668) e Italia (770). El porvenir pintaba de maravilla y en este contexto -tan supuestamente idílico- sus señorías veían más que justificado subirse el 'caché', costara lo que costara.
Un reglamento de cuatro páginas -aprobado por las Mesas del Congreso y Senado el 11 de julio de 2006- se encargó de hacer realidad los derechos que ahora se ponen en tela de juicio. «Sí, sí, los tiempos de las vacas gordas alentaron el espíritu reivindicativo. Pensaban que era hora de situarse al nivel europeo... Éramos uno de los parlamentos más pobres de la UE y eso no cuadraba cuando ya estábamos en los primeros puestos del ranking mundial», reflexiona el socialista Fernando Sanz, secretario general de la Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores de las Cortes Generales.
No querían que el hemiciclo se llenara de funcionarios y rentistas ociosos -«los únicos que tienen la vida resuelta»-, de ahí que fuera tan importante airear señuelos que hicieran más atractiva la actividad política. Aquel era el argumento más recurrente. «¡Y no es baladí! Se necesitan personas cualificadas -recalca Sanz- y no ganapanes que aspiren a hacerse de oro en un tiempo récord». Tanto pesaba el deseo de realzar el estatus de parlamentario que no dudaron en reducir la diferencia entre titulares de cartera y diputados.
Antes de 2006, los ex ministros ya disfrutaban de una indemnización de dos años (el 80% de su sueldo durante dos años, que pueden compaginar con un cargo público y la retribución correspondiente) y les bastaba con jurar el cargo -como si duran solo una legislatura- para recibir la pensión máxima a partir de los 65 años. Por no hablar de los ex presidentes de Gobierno que perciben el 80% del salario durante cuatro años, pueden pasar a formar parte del Consejo de Estado, que les reporta 75.000 euros anuales, y disponen de una pensión vitalicia hasta el final de sus días (en la actualidad es de 80.000 euros). Los parlamentarios no tenían nada de eso. Se tenían que conformar con su sueldo base, que ahora es de 2.813 euros al mes, y cruzar los dedos para que su recolocación laboral no resultara demasiado complicada en el futuro. Así se explica que habitualmente casi tres cuartas partes de sus señorías -250 de un total de 350- goce de una retribución al margen del sueldo del Congreso. Más vale prevenir. Sobre todo porque los varones no suelen permanecer en el escaño más de ocho años y las mujeres no superan los cinco.
Más generosos
Sus señorías necesitan solo once años para obtener el tope legal; entre siete y nueve, ya pueden reclamar un complemento para alcanzar el 80% y con más de nueve, llegan al 90%. «¿Abusos que puede acarrear esta singularidad? Hombre, hay dos muy claros. Primer punto: incentiva las jubilaciones anticipadas porque, con la máxima asegurada, más de alguno no verá necesario continuar trabajando. Segundo punto: también es posible que haya picaresca. Los abogados que cotizan como autónomos pueden hacerlo por la mínima, a sabiendas de que luego percibirán la máxima».
La 'Pasionaria' y Alberti
Queda en el aire la pregunta de cuántos se habrán aprovechado de la situación... En su mayoría, el perfil de los peticionarios no responde al de 'históricos' que participaron en las primeras legislaturas de la democracia y apenas cotizaron. La 'Pasionaria' y Rafael Alberti, por ejemplo, recibieron un suplemento -analizado individualmente por el Congreso- que no llegaba a la máxima. Rondaba los 1.500 euros. Los escasos supervivientes de aquella época (Santiago Carrillo entre ellos) se han acogido a la nueva norma pero el grueso de los jubilados necesitados de un 'suplemento' son profesionales liberales.
Desde el 1 de enero de 2007, se sabe que 81 ex parlamentarios (el 2% de los 3.600 que han pasado por las cámaras desde 1977) han requerido el polémico 'plus'. «¿Quiénes son? No lo sé. PSOE, PP, CiU y PNV estaban en la Mesa y en la actualidad custodian bajo siete llaves sus nombres. Es más, si yo tuviera ese listado tampoco se lo daría a usted. ¡La ley de protección de datos prohibe revelar quiénes son! Cualquiera que pregunte se va a quedar con las ganas de saberlo», asegura Fernando Sanz, secretario general de la Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores de las Cortes Generales. A no ser que alguien del partido suelte prenda, no hay manera de averiguar su identidad.
Esta semana se ha descubierto que Cristina Almeida, militante del PCE, ha sido la última parlamentaria en ponerse a la cola y pedir un complemento. Acumula más de once años de experiencia en el hemiciclo, por lo que se le ha concedido sin rechistar. Dicho lo cual, fuentes parlamentarias sostienen que «la mayoría de los que perciben el suplemento son del PP». Ahí se queda todo. Sin luz ni taquígrafos, no hay forma humana de rascar más información. ¿A santo de qué tanto secretismo? El debate todavía sigue caliente.
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Felipe Alcaraz renunció a este «privilegio», Pablo Castellano admite que «le viene muy bien» y la última en pedirlo ha sido Cristina Almeida

Las Mesas del Congreso y el Senado aprobaron en 2006 una batería de mejoras económicas para acercar el estatus de los parlamentarios al de los ministros. :: M. H. LEÓN/EFE

Felipe Alcaraz renunció a este «privilegio», Pablo Castellano admite que «le viene muy bien» y la última en pedirlo ha sido Cristina Almeida