Estuvieron tres días encerrados en comisaría, sorprendidos por una investigación que no esperaban, aislados de la familia y sus respectivos quehaceres. Ayer, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, los dos empresarios imputados en el 'caso Renedo', aprovecharon su reencuentro con la libertad para ponerse de nuevo al frente de sus negocios.
Precisamente, y ante la jueza Ana López Pandiella, ambos habían reclamado su puesta en libertad aduciendo que la necesidad de retomar el timón de dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín S.A. (APSA), de las que dependen 159 empleados.
A las 9.30 horas abre la oficina central que Igrafo tiene en la ovetense calle Fuertes Acevedo y, como un día normal, allí estaba ya Víctor Manuel Muñiz, guarecido en una gabardina negra. Fue una visita rápida, lo justo para atender los recados de su secretaria, conocer las llamadas de apoyo que han ido cursando algunos clientes y ponerse al día sobre las negociaciones que la firma tiene abiertas. No dio tiempo a más, porque ayer era viernes y los empresarios han vuelto a la calle bajo la condición de que todos los viernes acudan al Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón.
Entre las once y las doce de la mañana Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez cumplieron con ese deber. Lo hicieron escoltados por sus abogados y de forma separada. Además de mantenerse localizados, desde que la jueza permitió su puesta en libertad para ellos ha empezado a correr un contador con cinco días de margen para reunir los 300.000 euros de fianza que se les pide a cada uno. Según explicaron los letrados, ayer ya se hicieron las oportunas gestiones para recabar los avales bancarios con los que afrontar el pago.
En el sector de los suministros para oficina, Muñiz y Sánchez actúan como competidores. Sin embargo, en estos momentos, ambos están actuando de forma similar. Los allegados de uno y otro coincidían ayer en destacar «la entereza y buen ánimo» con el que hablan y el ímpetu con el que han vuelto a sus puestos de trabajo. Además de atender a los clientes, el director general de Almacenes Pumarín aprovechó la jornada para entrevistarse con los trabajadores y ofrecerles su relato sobre lo acontecido.
Ninguno está recluyéndose en la familia y a Muñiz incluso se le pudo ver comiendo ayer en su restaurante de cabecera, el Latores, muy concurrido, como cada viernes, y situado a escasos 200 metros de 'Los Sauces', el chalet de dos pisos en el que reside.
Para los acusados, la cuestión es clara. «Hay que aclarar muchos conceptos administrativos, pero cuando se aclaren se verá que no hay nada», entiende Javier Díaz Dapena, letrado de Alfonso Carlos Sánchez. Este extremo fue debatido también en la tarde de ayer en la sede de Igrafo, donde Víctor Manuel Muñiz mantuvo una reunión con la plana mayor de la empresa para analizar la situación y explorar los futuros escenarios. Al término de la junta, Muñiz agradeció el interés de quienes se han acercado preguntando por su estado, y abandonó la oficina disculpándose porque los últimos acontecimientos «me tienen un poco cansado».
Distinta es la situación de los tres presos de Villabona: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo Avilés. Los abogados de las dos mujeres visitaron a sus clientas ayer y acordaron recurrir la próxima semana el auto de prisión. Fuentes penitenciarias indican que todos están cumpliendo con el régimen carcelario, y que aunque no participan de los talleres, sí acuden al patio y la sala de juegos. Se espera que hoy, por fin, puedan ser visitados por sus familiares.
