Menos de una semana. Es el plazo que baraja el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que se conozca la decisión definitiva de la magistrada de Instrucción número 4, Ana López Pandiella, sobre el posible traslado a Oviedo del caso de las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos. En caso de que se confirme su inhibición, la magistrada deberá levantar antes el secreto de sumario que existe en torno a la causa.
Fue durante la declaración del último de los imputados, el empresario Víctor Manuel Muñiz, cuando el abogado Miguel Valdés solicitó a la jueza que se inhibiera del caso, al entender que los presuntos delitos que se están investigando se cometieron, en todo caso, en Oviedo. El letrado recordó que la única relación del caso con Gijón es que fue en un juzgado de guardia de esta ciudad donde una gijonesa denunció que alguien -presuntamente la funcionaria Marta Renedo, actualmente en prisión preventiva- había suplantado su personalidad para abrir una cuenta bancaria a su nombre, en la que se habían ingresado 100.000 euros. Miguel Valdés consideró que, pese al domicilio de la denunciante, esta supuesta usurpación de personalidad se habría cometido en Oviedo, por lo que es allí, según el criterio de consumación del delito, donde deberían ser juzgados los hechos.
La postura fue compartida por la fiscal que lleva el caso, que se sumó a esa petición de inhibición por las mismas razones. Ayer, el TSJA informó de que la previsión es que la magistrada resuelva esta petición de las partes a mediados de la próxima semana. En el caso de que resuelva favorablemente a esta solicitud, el proceso que se seguiría para el traslado del caso a Oviedo sería «instantáneo», al tratarse de una causa con presos. López Pandiella, atendiendo la petición de la Fiscalía, decretó el martes prisión provisional para el exconsejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, y el miércoles hizo lo propio con la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero, y con la exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés.
«No se empezará de cero»
Las actuaciones que sigue la magistrada aún son secretas, pero si certifica el traslado de la causa a Oviedo, deberá levantarse el secreto de sumario antes de esta inhibición y del reenvió de la causa a la capital. El Decanato deOviedo, una vez reciba la causa, la asignará a uno de los juzgados de instrucción, de acuerdo al turno y las normas habituales. Lo más probable es que el caso fuera asumido por la sala que se encontraba de guardia el día que se produjeron los presuntos delitos juzgados. Salvo imprevistos, el mismo día que Ana López Pandiella resuelva sobre su inhibición, la causa podrá estar ya físicamente en el juzgado ovetense que le corresponda.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, aseguró ayer que el proceso de traslado «no tiene mayor complicación». Apuntó, además, que «no se empezaría de cero». Según explicó Vidau, «toda la instrucción que está hecha está hecha, y es a partir de donde lo deja la juez que lo lleva actualmente donde continúa el que sea competente». El magistrado que siga la causa en Oviedo si finalmente se confirma el traslado tendrá «capacidad para acordar las diligencias que estime conveniente, para ver, revisar o revocar situaciones personales, con todas las facultades que tiene un juez de instrucción».
Mientras no se lleve a cabo la inhibición, la juez competente seguirá siendo la magistrada Ana López Pandiella. Será posiblemente ante ella ante quien los defensores de los tres detenidos hasta el momento deberán presentar los recursos que están preparando contra sus tres órdenes de prisión. Las investigaciones, aún abiertas, también corresponden aún a esta sala de Instrucción.
Renedo y Pumarín
Por otra parte, siguen conociéndose nuevos datos sobre las presuntas suplantaciones de personalidad realizadas por la funcionaria Marta Renedo para desviar fondos públicos. Además de la gijonesa que denunció los hechos tras ser informada por Hacienda de que existía una cuenta a su nombre con 100.000 euros, Renedo abrió supuestamente otras dos libretas siguiendo el mismo procedimiento. En el caso de una de ellas se sirvió de los datos de una anciana discapacitada a los que había tenido acceso porque la mujer fue beneficiaria de una subvención del Principado.
Según informó la Televisión del Principado de Asturias, Marta Renedo creó esta cuenta en 2007 con una fotocopia del DNI de la anciana y su firma falsificada, alegando que se trataba de su tía abuela. Desde su apertura hasta 2010, Almacenes Pumarín realizó allí de forma periódica varios ingresos que oscilaban entre los 10.000 y los 18.000 euros. Marta Renedo contaba con tarjetas de crédito asociadas a esta cuenta y gastaba una media de 12.000 euros al mes. Las mismas fuentes hablan de otra cuenta a nombre de su empresa, Implants Mounts, en la que ingresó cerca de 700.000 euros, procedentes presuntamente de contratos públicos falsificados.
