La exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada, reconoció el miércoles ante la jueza instructora haber recibido pagos de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, si bien aseguró que los mismos correspondieron a operaciones legales relacionadas con el alquiler de varios inmuebles. Según informó ayer Radio Nacional de España, a la veterana 'número dos' del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre también se le preguntó acerca de un ingreso de casi dos millones de euros en una cuenta a nombre de una empresa en la que había tenido participación.
María Jesús Otero Rebollada se encuentra desde hace tres días en prisión provisional en el centro penitenciario de Villabona, imputada por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios, en el marco de la investigación de una presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos y pago de comisiones con la que también se relaciona al exconsejero Riopedre, en prisión desde el martes.
Durante la investigación se descubrió que la exdirectora, que se jubiló de forma voluntaria en agosto de 2010, es titular de numerosas cuentas bancarias, en una de las cuales, abierta en Cajastur, figuran varios ingresos realizados por Igrafo y Almacenes Pumarín, las dos empresas relacionadas con la trama y cuyos máximos responsables, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, se encuentran en libertad con cargos por cohecho y tráfico de influencias y deben pagar una fianza de 300.000 euros. María Jesús Otero explicó que estas cantidades, que sumaban «un millón de pesetas», correspondían al pago de los alquileres de cuatro apartamentos y una casa en Llanes, que los empresarios dedicaban a alojar a trabajadores, según creía.
En otra cuenta de esta misma entidad figuran varios ingresos realizados desde 2005 por Almacenes Pumarín, que según la exdirectora eran del pago aplazado de un piso que les había vendido en Llanes y que podían pagar en cinco años. Como ya contó ayer este diario, Otero adquirió en octubre de 2004 un piso de 81 metros cuadrados en la plaza del Pericote, en la capital llanisca por 147.190 euros. Posteriormente se la vendió a Almacenes Pumarín por 360.000 euros. El pago se hizo en 30 plazos, el primero de ellos en junio de 2005. Las cantidades oscilaban entre 2.846 y 35.360 euros. La venta se cerró de forma definitiva en septiembre de 2010.
Se habló además de una tercera cuenta en la que aparecían ingresos realizados por el propio José Luis Iglesias Riopedre. María Jesús Otero manifestó que estas cantidades debían corresponder al pago de nóminas. «Las firmará como consejero, pero personales no lo son», declaró.
Las mesas de contratación
La exdirectora también declaró que hasta el año 2003 fue titular o tuvo participaciones en varias empresas de turismo rural del concejo de Llanes, como Buga90, Finca Las Nieves, Cueto Mazuga y Alvaroter. Se le preguntó por un ingreso de casi dos millones de euros en una cuenta abierta a nombre de esta última sociedad, de la que aseguró llevar desvinculada siete años. En este sentido, dijo desconocer si entre 2003 y 2008 había existido alguna imposición de ese calibre y recordó que esa empresa se cerró en 2009.
Al margen de sus cuentas y propiedades, a María Jesús Otero se le pidió explicar algunos procesos de contratación de la Consejería de Educación y Ciencia. Aseguró que nunca había estado en una mesa de contratación y que en varias ocasiones eran los propios colegios los que proponían los proveedores y la concesión no la firmaba ella, sino la secretaria general técnica o el propio consejero Riopedre. Según explicó, en el caso de los contratos menores, la adjudicación dependía de la secretaria general técnica. Entre las numerosas escuchas que se le pusieron a la exdirectora durante su larga comparecencia ante la jueza hubo algunas referentes a la compra de material homologado tras las inundaciones de Arriondas. También se hizo referencia a un posible trato de favor a la empresa de estudios geotécnicos Geogal, con sede en Santiago de Compostela y propiedad del hijo de Riopedre.
