«Uno, la verdad es que rechaza y se indigna cuando escucha esas cosas». Severino García Vigón estrenó su nuevo mandato como presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) indignado. Y lo hace porque no acepta el jefe de la patronal que «se extienda una sospecha generalizada sobre las empresas suministradoras de la Administración o funcionarios que tienen responsabilidades de contratar».
Esas fueron sus primeras palabras sobre el denominado 'Caso Renedo', el que ha llevado a prisión preventiva al que fuera consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, a su número dos, la exdirectora general de centros, María Jesús Otero, y a la que funcionaria que da nombre al caso, la que fuera jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés.
En libertad, pero con cargos, han quedado los propietarios de las empresas Ígrafo y Almacenes Pumarín, acusados de pertenecer a una trama de comisiones ilegales.
Tras ser reelegido, Severino García Vigón quiso dejar clara su «indignación cuando se oyen ciertas cosas» y pidió que «se deje actuar a la Justicia», ya que considera que estos días «quizás se ha ido más allá de lo debido en la formulación de juicios paralelos».
Lo peor desde el 'Petromocho'
Mientras que, en su opinión, tal vez «haya podido haber una falta de control por parte de la Administración», aunque aseguró que las dos empresas que se han visto involucradas en este asunto «estaban homologadas como suministradores», desde la oposición regional se exigieron ayer «aclaraciones inmediatas» al Ejecutivo asturiano, que pide esperar a que se levante el secreto de sumario.
Así lo aseguraron el secretario general del PP en Asturias, Fernando Goñi, y el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons, que ofrecieron una rueda de prensa para calificar de «vergonzoso» que el equipo de Vicente Álvarez Areces «siga con su agenda política como si no hubiera pasado nada».
Goñi afirmó que «no nos parece normal», en alusión a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, «que aparece como una señora muy buena que ha denunciado las supuestas irregularidades». Considera el secretario de los conservadores que «estamos ante el hecho más grave ocurrido en Asturias tras la dimisión de Juan Luis Rodríguez-Vigil tras el caso del 'Petromocho'».
Tanto él como Cuervas-Mons afirmaron que el PP «lleva mucho tiempo denunciando los mecanismos de contratación que emplea la Administración regional», carente de «control parlamentario» y que parece «que ahora ha estallado».
«No son únicos, ni aislados»
En un paso más allá, Cuervas-Mons afirmó que los hechos «ni son únicos, ni aislados, ya que reflejan una forma de actuar». Una forma «que no tiene eco», apuntó por su parte la candidata del PP a las elecciones autonómicas de mayo próximo, Isabel Pérez Espinosa, «en Oviedo, donde todos se hizo cumpliendo escrupulosamente la Ley de Contratos».
La candidata mantuvo su propio encuentro con los medios de comunicación en Ribadesella, y en él aprovechó para exigir que se asuman «responsabilidades políticas, porque aquí las hay, no sólo personales». Lo dice porque considera que un responsable político «debe comprometerse a respetar los dineros públicos que los ciudadanos ponen a su disposición».
