«Mi denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción es un problema que deriva de la mala información que hay sobre las personas que estamos en la mediación». Así resumió ayer el juez de familia Ángel Luis Campo sus impresiones tras conocer que el Colegio de Abogados de Gijón le acusa de acoger de forma irregular en su juzgado un servicio de mediación dirigido por su hermana Susana.
El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 8, que ayer se encontraba celebrando sus bodas de plata matrimoniales, anunció también un propósito de entendimiento: «Voy a intentar que mis compañeros medien en esta situación para devolverla a la cordialidad». El juez Campo dijo no poder extenderse más en sus consideraciones y únicamente reconoció estar siendo protagonista de una circunstancia «complicada», cuya resolución requiere actuar «con sigilo».
Cuando los abogados gijoneses empezaron a manifestar sus reservas con el sistema de arbitraje implantado en el juzgado de familia, el magistrado ya dijo sentirse víctima de un ataque a su «profesionalidad». El COMERCIO también se puso en contacto con Susana Campo y ésta rehusó hacer manifestaciones a este respecto.
El magistrado denunciado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción es miembro y coordinador territorial en Asturias del Grupo de Magistrados Europeos por la Mediación en Asturias (GEMME). Dicho grupo se define como una sociedad europea y europeísta que tiene por finalidad promover, desde el ámbito de los propios tribunales de justicia, y mediante la participación democrática de los ciudadanos, los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR) y, especialmente, la mediación.
Esa asociación, creada en Francia en 2004 y con representación en 18 países, fue la que aceptó por decisión del juez Campo el proyecto piloto de medición intrajudicial que, desde mayo del pasado año, desarrolla en Gijón Mediadores Asociados del Principado de Asturias (MAPA), entidad presidida por Susana Campo, hermana del juez de familia. MAPA surgió también en 2004 y agrupa en la actualidad a más de 30 profesionales (fundamentalmente abogados y psicólogos) que fomentan y promueven el uso de la mediación en sus diferentes ámbitos de aplicación.
El Colegio de Abogados de Gijón cree que a la vista de ese vinculo familiar entre adjudicador y adjudicataria,el magistrado podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Es más, los letrados gijoneses han comprobado que el juez Campo no recibió la autorización pertinente para proceder a semejante adjudicación. Durante los últimos meses el Colegio ha preguntado al Consejo General del Poder Judicial, a la Consejería de Justicia y a la de Bienestar Social. Todos confirman que no habilitaron acuerdo alguno para que la asociación MAPA asumiera el servicio de mediación.
«Asignado a la Fiscalía»
Según consta en la denuncia presentada, el juez Campo cedió a la asociación de su hermana el uso de una de las dependencias del juzgado. Un despacho «oficialmente asignado a la Fiscalía» y cuya titularidad la tiene la Consejería de Justicia. Preguntado sobre el asunto, el director general de Justicia, José Manuel Fernández, confirmó a los letrados que «no existe autorización o resolución que ampare la prestación de dicho servicio en el interior de la sede física del órgano judicial que lo promueve».
El servicio de mediación en Asturias, que intenta evitar los procedimientos judiciales y aliviar la saturación de los juzgados de familia, es actualmente gratuito, aunque el desarrollo reglamentario de la ley de mediación familiar del Principado, de 2007, podría traer consigo remuneraciones futuras. Hasta que irrumpió en Gijón el proyecto experimental de mediación intrajudicial, era el Colegio de Abogados el que venía desarrollando en exclusiva el denominado Servicio de Orientación para la Mediación (SOM), una atención equivalente y desempeñada por letrados mediadores familiares titulados.
