Si los socialistas insisten en denunciar la supuesta ilegalidad de filtrar correo privado, el PP continuó ayer con su acusación de una supuesta trama política para acusar al Gobierno local de irregularidades. «No nos van a callar, aunque sabemos que van a utilizar todos los métodos para tratar de tapar el escándalo», advirtió ayer el concejal popular Agustín Iglesias Caunedo en referencia a todas las declaraciones y demandas anunciadas por los socialistas desde que el PP decidió hacer públicos los correos filtrados.
El popular sostuvo además que «el delito lo han cometido ellos» y que «Carreño se las arregla para seguir el papel de encubridor, como todos sus compañeros, en el asunto de la Sindicatura». Le recomendó también en que en lugar de referirse a la actuación del Gobierno local, explique, como le preguntó el día anterior, «de dónde saca el PSOE ovetense el dinero para su precampaña y para todos los juicios que ha emprendido».
El diputado y edil Jaime Reinares también volvió a cargar ayer contra el síndico mayor, Avelino Viejo, y la ex secretaria del órgano, Rosa Zapico. Y los vinculó de nuevo a las filas socialistas: «No se ha equivocado el PSOE al nombrarlos porque han hecho un trabajo sucio: atacar con falsedades al Ayuntamiento y tapar toda la suciedad» del Principado.
Incluso acusó al síndico mayor de «un comportamiento supuestamente prevaricador por el que tendrá que responder en los tribunales». También llevará a la Fiscalía Anticorrupción las auditorías de la Sindicatura de Cuentas sobre el Idepa o Sedes, «que celosamente tienen guardadas en su cajón Avelino Viejo» y que podrían contener «indicios claros de delito».
Más políticos se refirieron ayer a la polémica surgida estos días por la gestión del Ayuntamiento y la Sindicatura en relación a la expropiación.
La candidata del PP a la Presidencia del Principado, y concejal ovetense hasta hace poco más de un mes, habló de «una complicidad más allá de lo deseable» entre el síndico mayor y el Grupo Socialista. Incluso animó a Viejo a comparecer de forma voluntaria, aunque el diputado regional del PSOE, Fernando Lastra, la corrigió más tarde al recordarle que no existe esa posibilidad sino que tiene que ser requerido por los grupos.
Por su parte, el cabeza del cartel regional de IU, Jesús Iglesias, dijo que «los daños colaterales no disminuyen la gravedad» y «que hay que investigar el prejuicio económico de Villa Magdalena».
