No se sabe muy bien si servirán para algo las decisiones que ayer se tomaron en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga en el marco de la reunión anual de la Comisión Rectora. El alcalde del municipio, que rechazó ir a la reunión por motivos de forma, hará todo lo posible para echar por tierra las conclusiones tomadas «impugnando la reunión», con el fin de volver a celebrarla, esta vez sí, con su presencia «y con carácter urgente, en el Ayuntamiento».
Hay pocas cosas que sucedan en el concejo de Ponga que puedan ser contadas como hechos ordenados. Lo de ayer, que a priori se antojaba una cita ordinaria, no fue una excepción. El pasado 8 de marzo el primer edil, Cándido Vega, envió una notificación al director del Parque advirtiéndole, primero, de que Gabriel Iglesias del Dago (PP)quedaba destituido como miembro del Órgano de Administración del Parque. En su lugar, enviaba el nombramiento de Manuel Antonio Yano (PSOE). La segunda parte de aquella notificación implicaba la petición de que la siguiente reunión -la celebrada ayer- tuviera lugar «en los bajos del Ayuntamiento de Ponga» debido a que el Centro de Interpretación «carece de licencia municipal de apertura». El alcalde se niega «a participar en cualquier acto que tenga lugar en el interior de este centro ilegal», pero no sólo no obtuvo respuesta, sino que se obviaron sus reivindicaciones, puesto que la reunión se celebró como estaba previsto con la presencia de la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, el director general de Biodiversidad y Paisaje, José Félix García Gaona, el director del espacio protegido, Eloy Niño, y el resto de componentes de la Comisión Rectora. Igualmente se reunieron a continuación, en el mismo recinto cultural -que recibió de junio a diciembre de 2010, 5.200 visitas-, los miembros de la Junta General.
El caso es que la petición de Vega fue ignorada y por eso ahora no sólo prevé impugnar la reunión, sino que también «estudiará cada punto a seguir con el fin de precintar un local donde cuyos dueños -el Gobierno regional- ni han solicitado la licencia de apertura, ni el servicio de basura, ni el agua, ni nada», reprocha. Por lo tanto, «no es un establecimiento legal porque el Ayuntamiento, que es en Ponga la máxima autoridad, no ha dado el permiso para que lo sea», sentenció.
Pese a todo, no hubo impedimento alguno para llegar al fondo de la cita anual pongueta y, de paso, hacer balance por los «más de 20 millones de euros invertidos durante los últimos cuatro años en el Parque Natural». Pero no han acabado las inyecciones económicas para el espacio protegido. Tal como anunció ayer mismo Belén Fernández «en breve arrancarán las obras de acondicionamiento de la carretera de Taranes, con un presupuesto de 480.000 euros». Se iniciará así «una actuación muy demandada por los vecinos» que será financiada por la Consejería de Medio Ambiente con cargo al Plan A.
También hubo tiempo en la reunión para pensar en el futuro y en otro tipo de demandas de los ganaderos del concejo. En base a sus reivindicaciones Medio Ambiente «ha autorizado un control extraordinario de cuatro ejemplares de lobo en el ámbito del Parque». En concreto, se abatirán cuatro ejemplares. Se llevarán a cabo por la Guardería de Medio Natural, que ya tiene programadas nueve jornadas de trabajo para este mes. Pese a las previsiones de iniciar nuevas batidas, la viceconsejera subrayó que si bien durante el pasado año «se constató un repunte de daños de cánidos en la cabaña ganadera, esos daños están sufriendo una regresión en 2011».
