La maldición del 7% ha llevado a Portugal a pedir el rescate financiero a los socios europeos. La crisis política retrasó este desenlace, que se veía venir desde que, ya a comienzos de año, el tipo de interés que el Estado luso debe pagar a los compradores de sus obligaciones a diez años rebasó ese porcentaje, considerado por los expertos de riesgo extremo, hasta escalar a niveles del 8,6%. Antes, las autoridades portuguesas, presionadas por los servicios estadísticos de Bruselas, tuvieron de reconocer que los 'números rojos' de sus cuentas públicas habían superado en 2010 el límite del 7,3% del Producto Interior Bruto al que se habían comprometido.
El Gobierno anunció que el país había recaído en la recesión y admitió que no percibía una salida a corto plazo. Con una larga lista de ajustes pendientes, cualquier medida de impulso estaba descartada. Las agencias de calificación le dieron la puntilla al rebajar el bono luso a niveles de deuda 'basura', pese a ser conscientes de que el Tesoro tenía que responder a unos vencimientos de 9.500 millones antes del verano.
Portugal no sufre, como España, las consecuencias de recientes excesos. Por el contrario, arrastra un largo periodo de estancamiento. Pese a las amargas secuelas que le han dejado tres lustros de bonanza -el estallido de la burbuja inmobiliaria, el deterioro del tejido productivo-, España ha sabido sacar partido de lo que va de siglo, mientras que para su vecino esta etapa transcurrió con más pena que gloria. Hoy Portugal está peor que hace diez años.
La oficina estadística europea lo refrenda con sus datos. Los ha calculado en poder de compra, una 'moneda' común que permite comparar a los países eliminando el efecto de las diferencias de precios. También se han actualizado para todo el periodo respecto a la Unión Europea de 27 miembros, lo que elimina el 'escalón' de la incorporación de los socios de la antigua Europa del Este a mitad del periodo.
En 1992, en vísperas de la anterior recesión, el PIB por habitante de España alcanzaba el 92% de la media comunitaria, mientras el de Portugal se quedaba en el 77%. En 2000, España había escalado hasta el 97%, y Portugal llegó al 81%. Pero Lisboa tocó techo en ese punto, y después todo fueron retrocesos. Ya en plena crisis, la comparación realizada en 2009 todavía coloca a España con un 103% del promedio, tras alcanzar el 105% en 2007, y muestra que Portugal había retrocedido al 80%.
La crisis deprimió una economía que, sin llegar a despegar, había acumulado en los años anteriores a 2007 notables desequilibrios, como el alto endeudamiento de las familias o una deuda pública que tras dispararse con los gobiernos de Durao Barroso y Sócrates, ya supera el 92% del PIB y está en un 65% en manos de la banca extranjera. Con este nivel, pagar el dinero al 7% supone, para una economía como la portuguesa, destinar cada año hasta un 6% de su PIB exclusivamente al abono de los intereses de la deuda del Estado.
El déficit de las administraciones ascendió en 2010 al 8,6% del PIB, y el paro rebasará este año el 11%, si bien los expertos apuntan que este relativamente contenido porcentaje se debe a una alta proporción de actividad sumergida. Como en el resto de Europa, la escalada del petróleo y los alimentos básicos ha provocado un repunte de la inflación.
Planes rechazados
Cuando Grecia sucumbió a la presión de mercados -que se cebaron en una economía muy endeble, con abultada deuda pública y unas estadísticas nada fiables, que Bruselas echó atrás-, los especuladores buscaron un nuevo objetivo entre los países de la zona euro. Lo encontraron en Irlanda, que vio destrozado su presupuesto público ante la acuciante necesidad de socorrer a un sistema financiero amenazado de quiebra por su altísima exposición al inmobiliario. Portugal supo entonces que era la siguiente pieza a cobrar, al ver encarecerse con celeridad en el mercado la financiación necesaria para atender sus cada vez más apremiantes compromisos de pago.
Para hacer frente a las dificultades, el Gobierno del socialista José Sócrates había acordado con la Unión Europea nada menos que tres planes de estabilidad en el plazo de un año. Incluían la subida del IVA, recortes de beneficios fiscales y de la inversión pública y todos fueron pactados con el principal partido de la oposición, el PSD, pero levantaron fuertes protestas sociales. Ya en una primera legislatura, entre los años 2005 y 2009, el Ejecutivo portugués había aplicado saneamientos que le enfrentaron a sindicatos y funcionarios.
Pero el coste de la financiación siguió aumentando, la prima de riesgo de la deuda soberana prosiguió su escalada y se sucedieron las descalificaciones de las agencias evaluadoras. Un cuarto plan de ajuste, con duras medidas de austeridad -recorte de las pensiones más altas, congelación de sueldos públicos, reducción de gastos en el sistema de salud y otras medidas iban a permitir hasta 9.600 millones de ahorros adicionales- fue rechazado en la Asamblea de la República por la oposición en bloque de todos los partidos de oposición, de izquierda a derecha.
La dimisión de Sócrates colocó a Portugal al borde del rescate, y la petición final de auxilio a Bruselas ha sido interpretada en clave de política interna como un recurso para sacar del debate electoral los sacrificios que impondrá el nuevo programa de austeridad exigido por la UE a cambio de las ayudas.
