Hay cosas que Villa Magdalena no deja ver. El gran debate entorno a la ruinosa expropiación del palacete y sus consecuencias: la entrega en propiedad a Comamsa del subsuelo del centro para un aparcamiento y de un solar, precisamente el del parking exterior de Los Prados, para 250 viviendas, no dejan ver el bosque. El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el endeudamiento y la contratación municipales en 2007 tropezó con el expediente de la enajenación forzosa del palacete. Dos de los tres síndicos, los indicados por PP e IU, se opusieron a aprobar el documento al entender que se había excedido el objeto de la investigación. Avelino Viejo, nombrado a propuesta del PSOE, extendió sus indagaciones hasta detectar un daño patrimonial de 31 millones de euros al menos en el convenio con el que el Ayuntamiento quiere poner fin a la expropiación. El resto es conocido: acusaciones, correos electrónicos robados, más querellas y decenas de titulares. Pero el informe nunca aprobado dedica apenas una decena de sus 141 páginas a Villa Magdalena. Fuera de esta discusión dice, y nadie lo ha combatido, que el equipo de gobierno tiene querencia por una fórmula de contrato «que no viene contemplada en la legislación» y que es «una vulneración de los principios de libre concurrencia y publicidad». Se carga el contrato puente.
El contrato puente ha sido una fórmula habitual del Consistorio. Cuando un contrato de servicios estaba a punto de expirar, los órganos de contratación tramitaban una prolongación del mismo hasta que se convocase una nueva licitación y llegase un nuevo adjudicatario. Parece sensato, pero, según la Sindicatura, vulnera la Ley de Contratos de la Administración Pública.
El órgano de fiscalización detecta que en 2007 se adjudicaron servicios a través de este sistema por 834.000 euros. Habla, en realidad, de un único contrato: el que permitió a Gestión de Ingresos mantenerse al frente de la recaudación de los tributos locales, que ya fue polémico entonces.
El contrato con Gestión de Ingresos se prorrogó en 2007 «sine die» -«hasta que entre el nuevo adjudicatario», según el expediente- y fue recurrido por IU, que argumentó que la legislación sólo permite este tipo de acuerdos cuando existen razones técnicas o excepcionales que impidan celebrar un concurso con concurrencia. A finales de año, La Auxiliar de Recaudación, actual adjudicataria, se hizo cargo del servicio, no sin polémica judicial con la anterior concesionaria.
La Sindicatura se fija exclusivamente en ese contrato puente, pero hay decenas. Las piscinas del parque del Oeste, las instalaciones deportivas de San Lázaro, el mantenimiento de los jardines, la grúa -por señalar algunos- fueron en algún momento gestionados mediante un contrato puente otorgado por procedimiento negociado y sin publicidad. Todos, según el criterio de la Sindicatura, de forma irregular.
En el aire
De hecho, el informe arroja sombras sobre el contrato concedido a La Auxiliar de Recaudación. Expone, por ejemplo, que no se justificó la necesidad de confiar el cobro de los impuestos a una empresa privada en lugar de ampliar los servicios municipales con más medios personales y materiales. Tampoco se publicó, pese a que su importe anual asciende a 6 millones de euros, en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea (DOUE), ni dentro del plazo legal en el del Estado. Cuando cumplido el plazo inicial de dos años, Ayuntamiento y empresa decidieron prorrogarlo, lo hicieron dos semanas después de que aquél hubiese expirado.
Los cobros realizados por la empresa entre el 1 y e 14 de enero se hicieron, entonces, sin ninguna cobertura legal. La última prórroga, por cierto, concluye este año con las campanadas de Nochevieja. La Sindicatura, «ante la imposibilidad de comprobar todos los controles», considera que merecería «una fiscalización específica». No están las cosas como para ponerla ahora en marcha.
