Los servicios públicos están en peligro. Este es uno de los mensajes que más se repetirán el próximo 1 de mayo. Los sindicatos llevarán en su discurso una proclama en defensa de la educación y la sanidad para todos los ciudadanos. Acusan al PP de aspirar a una privatización de los servicios básicos y advierten de que los recortes aplicados por CiU en la sanidad catalana pueden extenderse al resto del país.
«La sanidad pública no está segura, porque algunos intentan una privatización pura y dura», advierte el líder de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga. «Las intenciones de algunos se pueden ver en Murcia o Madrid», asevera Emilia Escudero, secretaria de Organización de Comisiones Obreras.
Los socialistas, por su parte, se presentan a las urnas el 22-M como valedores de las prestaciones públicas y creen que eso les avala ante unos sindicatos vigilantes de que no se deteriore el Estado de Bienestar.
«Algunos hablan de copago y tendrán que aclarar lo que piensan hacer después del 22-M», asegura Rodríguez Braga, que sale en defensa de los gobiernos tanto central como asturiano: «Disponemos de una sanidad pública y de calidad cuando otras comunidades la han perdido», explica.
El pacto del euro suscrito en el marco de la UE y que suponía la asunción de compromisos sobre moderación salarial, contención del gasto en pensiones y prestaciones sociales, entre otras medidas, es un preludió de reformas que se avecinan, según algunos, mucho más duras.
Emilio Huerta 'Triqui' cree que ese acuerdo, impuesto por las grandes potencias europeas, atacará directamente a la línea de flotación del Estado de Bienestar. «Es un ataque a los derechos básicos que nos quedan, como la sanidad o la educación», afirma. Ante esta amenaza, reclama el ex secretario general de CC OO un mayor compromiso de la clase trabajadora para frenar cualquier intento de cercenar las prestaciones fundamentales que igualan a todos los ciudadanos independientemente de su riqueza.
A este respecto el senador socialista José Antonio Alonso deja un recado a la oposición. Después de acusar al PP de «irresponsabilidad» por no haber apoyado los planes de ajuste, recuerda que la derecha portuguesa también negó su apoyo al Gobierno socialista de Sócrates «y ahora Portugal tendrá que asumir recortes mucho más drásticos». «La huelga general del 29-S fue un toque de atención al Gobierno pero también a la oposición que no ha puesto encima de la mesa una sola propuesta», tercia Rodríguez Braga, que insiste en que los trabajadores no están de acuerdo con las formas que se están utilizando. Los sindicatos creen que el paro demostró la fortaleza de la sociedad ante los ajustes y lanzó un claro aviso, aseguran, a aquellas formaciones que puedan tener la tentación de caminar hacia la privatización. «Lo privado es lo que nos ha llevado a la actual situación», sentencian.
