Al final, la realidad dista mucho de las pretensiones iniciales. El ambicioso programa anunciado a bombo y platillo para hacer aflorar empleo sumergido quedó reducido a un endurecimiento de las sanciones que pretende meter miedo a los empresarios para incentivar la contratación. Las compañías tendrán de plazo hasta el 31 de julio para regularizar, de forma voluntaria, a sus trabajadores. Una suerte de indulto previo al aumento de la cuantía de las multas que entrará en vigor el 1 de agosto. Los castigos se multiplicarán, en ocasiones incluso por cinco.
Fuentes gubernamentales reconocieron que la nueva norma deja numerosos resquicios para que los empresarios y los empleados irregulares se aprovechen de esta situación y no tengan que pagar sanción alguna. Explican que, en vez de regularizar la situación de sus trabajadores, los patronos podrán contratarles sin admitir que había una relación laboral previa entre ambos y así evitar las penalizaciones.
Pese a las numerosas argucias que permite el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció que este plan incluirá «medidas extraordinarias» de estímulo de la regularización del trabajo no declarado. «No miramos al pasado, pero no habrá amnistía», advirtió. Anunció, en ese sentido, que los derechos de los trabajadores se reconocerán «a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta».
En el texto final tampoco se contempla, la obligación de que los patronos tengan que abonar seis meses de cotización, con un efecto retroactivo al 1 de enero de 2011. Esta medida existía en el último borrador que el Gobierno envió a los sindicatos. Las centrales criticaron entonces de forma vigorosa que ese periodo era muy corto. Ahora el plazo ya ni existe.
El ministro explicó que el proceso de regularización comenzará desde la entrada en vigor de la norma -en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado- y se extenderá hasta el 31 de julio. Por esta razón, explicó Gómez, el efecto de esta medida se reflejará en una notable subida del número de afiliados a la Seguridad Social en los próximos meses. También servirá para conocer la verdadera tasa de desempleo en España, siempre y cuando el plan tenga éxito y logre sus objetivos.
Las multas para las compañías que no den de alta a sus trabajadores registrarán un aumento notable. La sanción mínima se multiplicará casi por cinco y pasará de 626 a 3.126 euros, y la máxima de 6.200 a casi 10.000. Para el titular de Trabajo esa mayor rigurosidad a la hora de castigar a los defraudadores está también en consonancia con el encarecimiento del «coste de la vida».
Las penas a los empleados que compatibilicen el trabajo con el cobro de prestaciones por desempleo serán mucho más altas. Cuando venza la moratoria concedida por el Gobierno, los perceptores del subsidio de paro que sean 'pillados' trabajando tendrán que pagar una multa mínima de 10.000 euros. Hasta ahora era de 6.251. La máxima no variará y se mantendrá en los 187.000 euros.
