«Es un viaje sin retorno y el RIP para Cajastur». Los sindicatos UGT, CC OO y CSICA se mostraron ayer muy críticos con el nuevo proyecto de 'fusión fría' para Cajastur, que hoy votará su asamblea general y que, según aseguraron, e «supone la desaparición de la entidad».
Los representantes de los trabajadores, que cuentan con 30 votos en la asamblea, el 10% del total, anunciaron que votarán en contra del Sistema Institucional de Protección (SIP) planteado ahora, pero también dejaron claro que defenderán el plan laboral aprobado en diciembre de 2010 y que prevé la prejubilación de 223 trabajadores de la caja asturiana.
Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura votarán hoy en sus asambleas el acuerdo de integración para el proceso de 'fusión fría' emprendido por las tres entidades financieras tras la ruptura del Banco Base. Los acuerdos del nuevo SIP, aprobados el pasado 8 de abril por los consejos de administración de las tres cajas, darán origen a una nueva entidad a favor de la cual Cajastur , Caja Cantabria y Caja Extremadura segregarán sus respectivos negocios financieros.
Los sindicatos de Cajastur mostraron su oposición al SIP porque consideran que supone «una modificación de la naturaleza jurídica de las cajas y la pérdida de su propiedad social». También señalaron que «con esta decisión, el compromiso con el desarrollo regional, uno de los objetivos fundamentales de las cajas, quedará seriamente mermado».
Cargaron contra los responsables regionales del PSOE y del PP, a los que acusaron de «seguidistas de los aparatos estatales», y recordaron que «en la nueva Lorca, que es la que abre la posibilidad de las fusiones frías, es en una de las pocas cosas en que se pusieron de acuerdo». También criticaron que «hace menos de un año, el candidato del PSOE, Javier Fernández, se mostró en contra, incluso, de que en las cajas hubiera cuotas participativas con derechos políticos y desde entonces no volvió a decir nada sobre este asunto».
Los sindicatos informaron también sobre la presentación de un recurso de anticonstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra el Real Decreto Ley 2/2011 que acelera las fusiones. El recurso fue presentado porque «se aumenta el capital básico mínimo de las cajas hasta el 10%, mientras que el de los bancos se queda en el 8%».
Los representantes de los trabajadores creen que el Gobierno debería haber estudiado otras fórmulas para garantizar el futuro de unas entidades siempre pegadas a la actividad económica regional. Quieren evitar «la desnaturalización de las mismas, su privatización y la pérdida del carácter social». Según señalaron, «la viabilidad de Cajastur en solitario está probada y, sin embargo, no sabemos dónde nos llevará esta nueva fórmula».
«Caja de cajas»
Para los sindicatos, que apuestan por la constitución de una caja de cajas que evite la entrada del capital privado, «el Gobierno ha decidido poner a las cajas en manos de los bancos». Según señalaron, «los grandes tiburones financieros y los grandes bancos son ahora los que se están frotando las manos. Primero, porque van a comprar a precio de saldo y segundo porque se van a quitar del medio de un plumazo el 40% o el 50% de la competencia que tienen en este país».
El banco resultante de la fusión de las tres cajas contará con cerca de 1.400 oficinas, alrededor de 6.500 empleados y el liderazgo en sus mercados regionales, con una cuota de negocio próxima al 20% en Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias. Hasta que se produzca la entrada en su capital de inversores privados, que podrían aportar hasta el 20% del capital del nuevo banco, éste se repartirá entre el 66 % de Cajastur, el 20% de Caja Extremadura y el 14% de Caja Cantabria.
