Andrea Muñiz fue la primera en denunciarlo. En abril de este mismo año inició su tratamiento de fertilidad en los servicios públicos de Salud del Principado y cuando llevaba menos de un mes, se paralizó. Ella dice que por su condición de lesbiana. El Principado porque su caso no está dentro de los supuestos contemplados por ley. O sea, no tiene «un diagnóstico de esterilidad o indicación clínica». Andrea fue recibida ayer por el consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, en la sede de su consejería en Oviedo. Acompañada de miembros de Xega (Xente Gai Astur), pudo arrancar una promesa: su caso se estudiará. Al igual que los otros seis de otras tantas mujeres que han hecho pública su denuncia en los últimos días.
Nada más. La Consejería reconoce que en casos concretos «pudo haber irregularidades», tal y como manifestaba Irene Saavedra, vocal de la junta directiva de Xega al finalizar el encuentro, ya que desde Salud se evitó cualquier comentario. Pero ninguna relacionada con la opción sexual de las afectadas. El Principado mantiene que según el decreto de 2006 que determina cuál es la cartera de servicios a financiar por la Sanidad pública solo se contemplan los casos de esterilidad u otros problemas de salud.
«Es cierto -reconoce Irene Saavedra- el consejero nos enseñó el documento y no figura, pero también es verdad que se lleva haciendo con asiduidad desde principios de 2007 y ahora se ha dejado de hacer». ¿Por qué? Los ajustes del gasto por la crisis económica son claves, pero Xega considera que el argumento es «insuficiente».
El Principado insiste en aplicar la norma y ayer incluso apuntó que los casos practicado hasta ahora «se habían hecho sin el conocimiento de la Consejería». Pero también está dispuesto a mantener abierto el diálogo con las afectadas. De hecho, la reunión de ayer fue la primera, pero no será la última. «Volveremos la semana que viene», comentaban desde Xega.
Mientras tanto, Quirós les aseguraba ayer que el problema «se tiene que abordar a nivel estatal y, desde luego, nosotras estamos de acuerdo». Eso evitaría que cada comunidad autónoma tome la decisión de cubrir los casos de mujeres solas que optan por quedarse embarazadas mediante tratamiento clínico. De hecho, Asturias ha sido la primera en decir que no se financian estos tratamientos sin que eso suponga una discriminación sexual, porque a nadie se le pregunta por su orientación, pero otras comunidades autónomas, como La Rioja, Murcia y Cataluña, hacen lo mismo. En Canarias y Valencia, por ejemplo, eso no ocurre y allí se atiende a todas las mujeres, sean o no fértiles, tengan o no pareja. «Y eso que en Valencia gobierna el PP», puntualiza Irene Saavedra. Hay casos intermedios como el de Andalucía, que estableció hace dos años como objetivo atender a todas las mujeres, pero en los últimos meses está priorizando a las que tienen problemas reproductivos.
«Debería ser igual en todas partes», apunta Saavedra. El propio consejero aseguraba ya la semana pasada que el asunto debería tratarse «en el Consejo Interterritorial de Salud», porque es el Ministerio de Sanidad quien tiene potestad para modificar el real decreto aprobado en su momento e incluir estos casos el servicio de fecundación artificial. Ayer, aseguró en el encuentro que «la consejería está dispuesta a colaborar para que se cambie ese real decreto».
Mientras esto no ocurra, la ley es clara y dice lo siguiente: «Reproducción humana asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud: Inseminación artificial; fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de espermatozoides, con gametos propios o de donante y con transferencia de embriones; transferencia intratubárica de gametos».
Pero Andrea, que tiene 32 años y pareja estable, no lo entiende. «No entiendo por qué le dan la medicación a una mujer heterosexual y a mí no. Yo tengo las mismas necesidades de ser madre».
