Expropiados de Lloreda y la ZALIA (Gijón), Prados de la Vega (Oviedo), Bobes (Siero), Felechosa (Aller), La Barquerina (Villaviciosa) y La Magdalena (Avilés) han decidido unirse para defender sus intereses ante «los precios irrisorios» que les han pagado las administraciones públicas en procedimientos de expropiaciones de sus terrenos, según apuntó ayer Miguel García Rúa, uno de los afectados. Estos colectivos reclaman que, al margen de las acciones legales que han iniciado, «el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas y el Parlamento del Principado fiscalicen las expropiaciones y las operaciones que se desarrollan sobre ellas».
El motivo de su queja es que, por sus propiedades, les han abonado precios muy por debajo de los de mercado. Como ejemplo, indicaron que en Felechosa el Ayuntamiento de Aller pagó cinco euros por metro cuadrado al dueño de una finca cuando en la colindante se habían abonado 260 euros por metro cuadrado en una operación a beneficio del Montepío de la Minería.
Miguel García Rúa resaltó que, con los proyectos urbanísticos en marcha, aparecen «los pelotazos». Así, aseguró que en La Magdalena llega a los 24 millones de euros, pues «el margen por vivienda que consigue el promotor es de 66.000 euros».
El principal problema con el que se encuentran los afectados es que dudan de la «imparcialidad» del Jurado de Expropiación Autonómico. Aseguran que «retrasa sus resoluciones tres años, obstaculizando así la vía judicial y que, curiosamente, una y otra vez sigue el mismo esquema de valoración que Sogepsa».
Estos colectivos llegan a poner nombre y apellidos al máximo responsable de esta situación. Se trataría, según ellos, del consejero Francisco González Buendía, responsable de la Consejería de Infraestructuras, presidente de Sogepsa y la ZALIA y de cuyo departamento «depende el Jurado de Expropiación. Lo tiene todo controlado y se crea indefensión en los ciudadanos».
Investigación de la UE
El asunto ha sido llevado a los juzgados asturianos, al Tribunal Supremo y «ante la Comisión Europea, que lo ha admitido a trámite y ha abierto la correspondiente investigación, porque la ZALIA, Sogepsa y el Ayuntamiento de Aller expropiaron terrenos para adjudicarlos a dedo a empresas privadas o semiprivadas, lo que va en contra de la normativa comunitaria. Los afectados de La Magdalena también están pendientes de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ya tiene jurisprudencia sobre este asunto y esperamos una resolución a nuestro favor», aseguró García Rúa.
Según manifestaron ayer en Oviedo los afectados, representan a unos siete millones de metros cuadrados de terreno cuya expropiación ha sido valorada a precios muy por debajo de los de mercado.
