El agua bulle en Castrillón. La decisión de Aqualia de rechazar la firma del contrato que regula la presentación del servicio en los términos expuestos por la alcaldesa ha desencadenado un nuevo brote de reproches y acusaciones entre Izquierda Unida y el Partido Popular.
La alcaldesa, Ángela Vallina, le devuelve al portavoz popular, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, la acusación, vertida la víspera, de «actuar de mala fe». También de «querer cerrar a cualquier precio la privatización del agua, saltándose, como pretende, cumplir el requerimiento realizado por el juzgado, y olvidándose de todos los errores que ha cometido hasta ahora». En este sentido, incide en que «el PP realizó una adjudicación tan chapucera que el juez la declaró nula. La responsabilidad, en el origen, fue del PP y de los tránsfugas del PSOE, y ahora, de estos dos partidos», añadió.
Quiñones también deja la pelota en el tejado de Izquierda Unida. «Vallina es la única responsable que un año después no se haya cumplido aún el mandato plenario, democráticamente aprobado, que le obliga a readjudicar el servicio a Aqualia y a firmar el contrato».
Reproches y acusaciones al margen, el PP deja entrever su intención de dar un paso más: «Ante esta situación de bloqueo sistemático por parte de la alcaldesa, vamos a proponer a los demás partidos de la oposición estudiar las fórmulas que permitirían que las prescripciones señaladas por el secretario municipal sean aprobadas por el Pleno». Quiñones evitó matizar, pero de sus palabras se desprende una acción conjunta para obligar a IU a firmar el contrato del agua. En el caso de consensuarse, saldría adelante en el Pleno, dado que la oposición supera en número de concejales al gobierno.
Cabe precisar que en el asunto del agua, la sintonía PP-PSOE es total. En cuanto a Foro, su coordinador en Castrillón es José María Álvarez León, el alcalde bajo cuyo mandato se aprobó la privatización del servicio y se adjudicó a Aqualia.
La empresa rechazó firmar el contrato al entender que en él se incluían prestaciones que ya había satisfecho. Vallina asegura que dicho contrato responde al informe elaborado al respecto por el secretario municipal, y a acusa al PP de cuestionar su praxis y al propio secretario, de emitir dos informes «contradictorios». Según la alcaldesa, el primero establecía que la adjudicación se debía resolver en un Pleno, y el segundo, que serían necesarios dos».
Quiñones también apunta que «los ciudadanos son los que están sufriendo las nocivas consecuencias de la actuación de la alcaldesa, que mantiene bloqueadas desde hace tres años las inversiones previstas en el contrato».
