El mismo día en que el Congreso aprobaba el incremento de la edad de jubilación, el Consejo de Gobierno de nuestra Universidad, por aplastante mayoría, decidía rechazar todas las solicitudes presentadas para acceder a la condición de profesor emérito.
No es la primera contradicción que se observa en este asunto de prorrogar la vida académica a los docentes e investigadores más prestigiosos. La figura del emérito -más tarde exportada a la judicatura- aparece, por influjo de otras culturas universitarias, en un modesto Real Decreto de 30 de abril de 1985 sobre régimen del profesorado universitario, ya que la Ley de Reforma Universitaria, de 25 de agosto de 1983, no había reparado en tal posibilidad de prórroga de servicios. La razón de ser de que una simple norma gubernamental introdujera tan novedosa cuestión, se debió a que la Ley de 2 de agosto de 1984, de Medidas de Reforma de la Función Pública, al bajar de 70 a 65 años la edad de jubilación en los cuerpos superiores, mitigó la sangría universitaria previendo, en una adicional, que el Ejecutivo regulara este nuevo tipo de profesorado, lo que hizo unos meses más tarde, permitiendo a «las universidades, previo informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, (.) declarar profesores eméritos a aquellos numerarios jubilados que hayan prestado servicios destacados a la Universidad española, al menos durante diez años».
Desde entonces, lógicamente, la regulación ha variado en buena medida y cada Universidad tiene sus procedimientos y criterios y ha incurrido en aciertos y miserias; reconocimientos y venganzas, como es propio de cualquier organización humana. Pero en este caso -y he sido funcionario de tres instituciones- el catálogo de agravios comparativos y despropósitos no es pequeño, fuera cual fuera el color político o de la muceta de procedencia del rector de turno. También hay que decir que el legislador, en la década de los noventa, rectificó y hasta en dos ocasiones reconoció el derecho de los docentes universitarios a jubilarse a los setenta años, con lo que el emeritazgo dejaba de ser el sustitutivo de los años en activo perdidos con el adelanto del retiro.
Y una última cuestión chocante: unos pocos señores quieren seguir, cuando -¿por qué será?- una legión de brillantes docentes e investigadores, apenas llegada a los sesenta, se está escapando con la jubilación anticipada en la mano.
Vaya por delante, ante el disgusto que la noticia del jueves me produjo, al ver maltratados a colegas de singular valía, en algún caso parte importante de la historia de nuestra Universidad, que nunca defendí la gerontocracia. Como tampoco aplaudo la promoción, tan en boga en la política, de bisoños y petimetres solo para buscar la originalidad y lo «guay» del nombramiento. Creo que, en efecto, debe haber una edad para irse a casa y que no hay que esperar a la decrepitud, ni física ni mental, para acceder a la jubilación. Igualmente sé que no todo el mundo llega en las mismas condiciones a idéntica edad y que no es fácil calibrar y decidir quién debe seguir y quién ha de irse a casa. Pero es claro que las previsiones uniformes no se adecuan a la realidad, como cuando el Ejército ordenaba pasar el mismo día a manga corta ya se estuviera en Córdoba o en Lugo. En la Universidad, como en todo el sector público, si se quiere competir con otros países o con el ámbito privado, han de estar los mejores, sin mirar ninguno de los datos de su carnet de identidad.
Ahora, desde el Rectorado ovetense, se nos dice que, en el presente y en el futuro inmediato, siempre por las dichosas vacas flacas de la crisis, sólo se nombrarán eméritos a los profesores de valía y proyección excepcional. Correcto. Así debió ser siempre, pero no lo fue, ya que, cuando se nadaba en la abundancia, en no pocos lugares el nombramiento era algo casi reglado para quien lo solicitaba.
Entendiendo las restricciones económicas, que no son del todo nuevas en la Universidad (¿qué sería de los investigadores y de la propia 'alma mater' si no nos buscáramos la vida obteniendo proyectos y contratos?), pero me asaltan dos interrogantes: ¿el evaluador no ha de tener siempre igual o superior cualificación que el evaluado? ¿Cualquiera del PDI asturiano está en condiciones de decir que no es excepcional, por ejemplo, quien tiene todos los quinquenios y sexenios reconocidos, obra escrita en prestigiosas revistas internacionales e impagables servicios a la vieja fundación de Valdés Salas? Me temo que no, comenzando por mí mismo. Y otra cuestión: ¿no sería más lógico, si no hay un euro en cuenta, no convocar un concursillo para luego dejarlo desierto hiriendo, injusta e innecesariamente, a quienes de buena fe concurrieron con un amplísimo bagaje científico a sus espaldas? Suena a toreo; a tomadura de pelo.
Si el tema es la prosaica 'pasta', regúlese inmediatamente un sistema que aparque la retribución que tanto preocupa a nuestros dirigentes universitarios «para poder destinar esas cantidades a promocionar profesores jóvenes». No creo que ninguno de los descartados el pasado jueves pertenezca a una orden mendicante. Más bien habrá aportado en tantos años mucho dinero de su bolsillo, como todos, para pagarse estancias, material, gastos inherentes a las tesis dirigidas y tantas otras partidas que nunca se presupuestan ni se resarcen debidamente.
En una España que en un tercio de siglo ha multiplicado por siete las universidades existentes -como vengo denunciando sistemáticamente-, en un dispendio que ahora no se sabe cómo revertir, no hay euros -y ese es el argumento- para reconocer a quienes lo han dado todo por la patria académica, a los que se mete en el mismo saco con independencia de sus menores o mayores méritos. Una bofetada inmerecida a quienes aún saben lo que duele el honor, porque lo tienen. Aunque el demérito consumado no es de los eméritos frustrados.
