UGT y CCOO mostraron ayer su «más enérgica oposición» al proyecto de decreto por el que se regula la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario perteneciente a los cuerpos docentes universitarios y del personal investigador funcionario de carrera, perteneciente a la Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.
Se trata de una propuesta para desarrollar la Ley de Economía Sostenible que recoge la prolongación en el servicio activo, por un periodo máximo de cinco años adicionales, de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y profesores de investigación del CSIC en los que concurran méritos excepcionales. Pero, según los dos sindicatos, lejos de eso, «lo que implícitamente se propone es una prolongación de la jubilación hasta los 75 años para todo el que lo desee, quedando muy lejos la excepcionalidad pretendida, en la que debería estar claro el bien social con funciones específicas bien determinadas y delimitadas».
Daniel Rodríguez, de FETE-UGT, rechazó «que el procedimiento para retener el talento sea irrumpir, sin ningún miramiento, en una materia tan sensible y delicada como la edad de jubilación forzosa». De modo que, «con la excusa de buscar una solución particularizada a un colectivo muy definido de profesores universitarios e investigadores, se abre la vía para una prolongación de la edad de jubilación que a la larga no sería tan excepcional ni particular como parece».
Enrique Fernández, portavoz de la Federación de Enseñanza de CC OO, subrayó: «En un contexto de precariedad del profesorado más joven y dificultades económicas de renovación y rejuvenecimiento de plantillas, no podemos puede estar de acuerdo con la ampliación de la edad de jubilación a los 75 años del profesorado».
