Las empresas asentadas en el polígono industrial de Maqua pueden respirar tranquilas. El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha asumido sus planteamientos y modifica la propuesta de servidumbre del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de forma que la mayor parte del suelo industrial queda excluido. Así lo confirma el Boletín Oficial del Estado, que ayer publicó la nueva propuesta de deslinde en los 3.425 metros del polígono de Maqua, según el anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
La decisión se toma sin llegar a agotar el plazo de un año que se había fijado el pasado 12 de febrero, cuando se confirmaba el deslinde marítimo-terrestre de Avilés excluyendo de forma expresa a la zona de Maqua. En ese momento, la administración central se fijó un plazo de un año para culminar esa tramitación.
A lo largo de este tiempo, los empresarios de Maqua presentaron diferentes alegaciones y explicaron ante los representantes del Ministerio de Medio Ambiente la situación del polígono y las consecuencias para las empresas de la propuesta de deslinde. Así, de confirmarse el dibujo inicial, la mayor parte de las compañías perdería una parte importante de su patrimonio, con lo que vería afectada su viabilidad con lo que el empleo generado correría grave peligro.
Finalmente, los argumentos planteados fueron asumidos parcialmente. Así, si la primera propuesta abarcaba numerosas parcelas industriales, la decisión final reduce el deslinde a espacios sin actividad industrial en estos momentos. Se incluye en la zona de servidumbre las fincas situadas a ambos lados de la canalización del río Vioño y donde no hay ningún tipo de actividad.
Alguna de las parcelas más grandes con actividad industrial ve como parte de su superficie se mantiene dentro del nuevo plano. No obstante, se trata de metros cuadrados improductivos y que no implicarán un daño que no pueda ser asumido por la compañía afectada.
También se encuentran afectadas algunas parcelas más próximas a la carretera del faro de Avilés, donde tampoco existe en estos momentos ningún tipo de actividad industrial. No obstante, sus propietarios cuentan con la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.
Además, cuentan con un año de margen para solicitar la concesión temporal del uso de los terrenos.
