La comparecencia de la consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez, en el Parlamento regional -y con ella sus arriesgados anuncios-, sigue generando controversia. Ayer, fue el turno de la Federación de AMPAs de Centros Públicos de Gijón y Carreño (FAPAS-Xixón), que calificó la reforma avanzada por Álvarez como «el inicio del desmantelamiento de la educación pública en Asturias», ya que, según esta organización, «el plan de autonomía para los centros educativos supone el desarrollo de una serie de medidas que llevan de manera inequívoca a la privatización de la educación».
La primera de sus críticas tiene como punto de mira la autonomía curricular, que, según defienden los padres y madres de la escuela pública, «ahonda en las diferencias rompiendo el principio de igualdad, abocando hacia centros de distinta calidad». Un camino que conduce, dicen, a «que existan categorías educativas de primera y de segunda».
Pero la autonomía empeora si se le añade la libertad de elección de centro, que «ahonda aún más en esa desigualdad y tiene por único objetivo la marginación y desaparición de la educación pública», mientras que «profesionalizar la dirección de los centros supone introducir en el sistema la lógica de mercado y su principio de competitividad, que rompe con los hasta ahora principios educativos de cooperación e igualdad entre centros».
«Un colegio o instituto público dirigido por un gestor como si de una empresa privada se tratara supone acabar con los proyectos educativos, con la participación de madres, padres y estudiantes en la comunidad educativa y con los principios democráticos en el funcionamiento del centro», resumen.
Su conclusión, por tanto, tras escuchar a Ana Isabel Álvarez, es que «la consejera pretende construir una educación de excelencia para unos pocos en contraste con la marginación de la mayoría». Y, «en este camino privatizador que la Consejería de Educación quiere iniciar, otra de las apuestas es la equiparación de la educación pública y la privada, derivando millones de euros de la primera a la segunda».
«FAPAS-Xixón -concluyen- condena el atrevimiento de la consejera y de su equipo de retirar financiación de la escuela pública, la escuela de todos y para todos, para financiar el sistema educativo privado, un negocio con lucro a costa de un derecho ciudadano».
«Franquismo educativo»
Líneas de actuación «como las aplicadas en Madrid», denunció también la central CSI, que «se pueden resumir en una gran máxima: la educación al mercado». Medidas como la capacidad de captar fondos o contratar docentes, critican, «que suponen sustituir transparencia y criterios objetivos por el clásico enchufismo de los colegios privados. Volver al franquismo educativo.
