La barba de Avelino Viejo no tiene el mismo color que hace seis años, los mismos que han transcurrido desde la puesta en marcha de la Sindicatura de Cuentas. Su papel, al frente del órgano fiscalizador, no ha sido fácil: discrepancias internas, robos de documentos, reproches políticos e informes controvertidos en los que, en más de una ocasión, se puso en cuestión la eficacia de gestión del anterior Gobierno. Quizás, por ese motivo, a Viejo no le cogen por sorpresa las «deudas ocultas» que denuncia el nuevo Ejecutivo asturiano.
-Después de seis años, ¿cree que la Sindicatura ha cumplido con el cometido que tenía encomendado?
-Yo creo que sí. Lo avala una serie de trabajos realizados que han aportado transparencia y recomendaciones útiles. La Sindicatura se ha consolidado como institución pero tiene ante sí un reto importante.
-¿Ha podido actuar el órgano fiscalizador con toda la libertad?
-La independencia es crucial para el funcionamiento de la Sindicatura. No puede haber sometimiento a directrices externas y sí objetividad. Ha sido el norte de nuestra actividad. Nunca he recibido presiones, pero aunque se reciban deben obviarse y el resultado de nuestros trabajos lo pone de manifiesto. Cosa distinta son los debates que suscitan una vez que salen de nuestras manos.
-Lo cierto es que algunos informes de la Sindicatura se convirtieron en arietes de la oposición contra el Gobierno. ¿No lo cree así?
-Esa es una percepción externa. El procedimiento es transparente. Nosotros cada vez que enviamos un informe lo sometemos a las alegaciones de las partes implicadas y tanto el informe como las alegaciones son de conocimiento público. Y además se comparece en la Junta para explicarlo y se formulan debates. La Sindicatura se ciñe a su función. Es indiferente el signo político de quien gobierne en un ayuntamiento o en la Administración regional. No podemos evitar que la oposición haga un uso diferente del Gobierno.
-¿Le han dolido las críticas cuando se ha puesto en cuestión la independencia de la Sindicatura?
-Estamos expuestos a la crítica de todo el mundo y es bueno que sea así. Lo importante es que esa crítica sea fundada. Para eso están las alegaciones. Sujetos a la crítica sí, pero debe exigirse rigor en la crítica y ponderación. No se puede utilizar como arma arrojadiza.
-¿No cree que los grupos que apoyaban al anterior Gobierno no esperaban informes tan negativos y que ponían en cuestión su gestión?
-Yo creo que no. Todo el mundo era consciente de lo que implicaba la puesta en marcha de un órgano fiscalizador como la Sindicatura.
-Cabe interpretar que los partidos igual pensaban que haber elegido a los síndicos suponía otra cosa.
-Yo hablo por mí. Asumimos un compromiso y he cumplido con la palabra empeñada. El compromiso es llevar a cabo funciones de auditoría público con objetividad e imparcialidad de acuerdo a las normas técnicas de auditoría. Que luego pueda haber discrepancias es algo normal. Es diferente el trabajo que se hace y la utilización que se hace de ese trabajo. Nosotros hacemos un informe y si el contenido no gusta a un determinado gestor, él tiene muchas maneras de reaccionar.
-¿Se han encontrado con más trabas de las que ustedes se esperaban a la hora de auditar?
-El proceso de puesta en marcha de un órgano de estas características nunca es fácil. Hay que abrir un camino y en ese sentido es complicado. Las circunstancias en ese sentido no han sido fáciles y las condiciones de desempeño a veces fueron adversas por diferentes motivos. Pero una buena parte de estas situaciones hay que contar con ellas. Luego hay que pensar que el plazo de rendición de cuentas de muchas entidades tiene un margen de mejora muy amplio. Hay que mejorar también los niveles de colaboración.
-Daba la impresión, analizando sus informes, de que algo fallaba en la gestión del anterior Gobierno.
-Lo dicho está recogido en los informes. Esos informes se pueden comparar con los anteriores del Tribunal de Cuentas o los que otras sindicaturas hacen en sus respectivas comunidades. Hay ciertas cuestiones comunes, pero debe reseñarse que en aquellos supuestos donde vemos que hay indicios de responsabilidad contable tenemos la obligación de comunicarlo al Tribunal de Cuentas.
-Le planteo esa cuestión al hilo de las manifestaciones del nuevo Gobierno, que se ha quejado de la herencia económica recibida. Ustedes pueden caer en la tentación de decir aquello de «eso ya lo dije yo».
-No, no es así. La gestión es algo siempre abierto y susceptible de mejora, pero no porque lo diga la Sindicatura sino en sí mismo.
-¿Pero a usted le sorprenden las críticas vertidas por los nuevos gestores del Principado?
-Eso se inscribe más en una dinámica política. La Sindicatura no se pronuncia más que sobre cuestiones técnicas. Los criterios políticos son una cuestión que nunca mencionamos en nuestros informes.
-Pero si hicieron alusión a los riesgos, por ejemplo, sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. El Gobierno habla de una deuda oculta que, si no me equivoco, ustedes ya evidenciaron en sus informes.
-Nosotros veníamos señalando que había unas cantidades crecientes, año a año, que carecían de consignación presupuestaria y las que ahora se mencionan están en esa línea.
-Vamos que de «oculta» nada.
-Ni para la Sindicatura ni para nadie. En la comparecencia del consejero recuerdo que los datos que se esgrimían eran los de la Sindicatura.
-¿El hecho de que el Ejecutivo plantee una remodelación del sector público, cree que es una forma de darles la razón sobre lo que ustedes apuntaban en sus informes?
-Eso se mueve igualmente en el ámbito de las prioridades políticas. La Sindicatura no dice si debe haber más o menos empresas públicas.
-¿Es razonable para usted la decisión del Gobierno con la RTPA tras analizar la gestión del ente?
-Insisto, es una cuestión de prioridades políticas. En una situación de crisis, algo que inquieta es el grado de equidad. Los efectos de la crisis y las cargas para resolverla deben someterse a esos criterios y a una mejora en la eficiencia en la gestión. Las mismas cosas pueden hacerse con el menor consumo de recursos. Si hay una gestión ineficiente hay que mejorar la eficiencia.
-¿Ha percibido cierta pasividad por parte de los ayuntamientos a la hora de rendir cuentas?
-Los ayuntamientos tienen obligación de rendir cuentas como otras entidades locales. Del sector local hacemos cada año un informe junto al Tribunal de Cuentas y ahí ponemos de manifiesto que el nivel de rendición ha mejorado.
-¿Considera que se debería penalizar a las entidades públicas que no cumplan en plazo?
-Esto ya lo hemos hecho constar y no hay que descartar medidas de este tipo, aunque abogamos por ir dando pasos sucesivos como ofrecer apoyo, pedagogía y ayuda a la rendición. No obstante, llegado a un punto determinado habrá que propugnar medidas quizás más severas. Algunos ya lo han aplicado y ha sido eficaz. Por ejemplo, quien no rinda las cuentas no podrá acceder a determinadas ayudas de la Administración. Eso lo ha hecho Cataluña y ha aumentado la rendición espectacularmente.
-¿Sigue pensando que no se trató con respeto a la Sindicatura por parte de la Junta cuando no se aprobó su plan para reforzar la plantilla?
-Los momentos en los que puede haber discrepancias deben superarse y se han superado. Lo que ocurre es que las decisiones tienen consecuencias y en este caso han requerido un periodo de tiempo mayor para asimilar determinados planteamientos organizativos que con otro enfoque podrían haberse hecho con más agilidad.
-¿Puede ser la Sindicatura una víctima de los recortes?
-Yo creo que no por varios motivos. El Tribunal de Cuentas está en la órbita parlamentaria de las Cortes Generales. Por otra parte, sus competencias son concurrentes. El Tribunal de Cuentas tiene en exclusiva la función jurisdiccional con la responsabilidad contable y desempeña una función fiscalizadora que recae sobre la Administración central. Y aquí recae el sector público que es casi el 25% del PIB regional. Hay concurrencia, no hay duplicidad. Se dice también que cuesta. El control cuesta pero es mucho más costoso el descontrol. La crisis nos pone de manifiesto que es necesaria más transparencia y más control. Desde el punto de vista cuantitativo no llega a 50 céntimos de gasto por cada mil euros de recursos públicos.
-El PP propone eliminar la Procuradoría General.
-Los órganos de control externo hay que verlos como indicadores de calidad democrática.
-Los gobernantes pueden caer en la tentación de pensar quitarse de encima un elemento incómodo.
-No hay que olvidar que estos órganos tienen autonomía presupuestaria. Es decir, el Gobierno no puede recortar el presupuesto de la Sindicatura, deberá ser en todo caso la Junta. Hay unos mecanismos de garantía como son la inamovilidad de los síndicos, que no puedan pertenecer a formaciones políticas, o su autonomía para que no puedan estar supeditadas a decisiones de otros. Nuestra obligación es velar por mantener esa independencia.
-Habla de independencia y de no pertenecer a partidos. ¿Qué puede pensar el ciudadano cuando una síndica abandona el órgano para encabezar una lista electoral?
-En decisiones personales no me meto. Yo reivindico la legitimidad de origen. A veces se dice que los miembros de la Sindicatura están elegidos por los partidos. Es verdad y así ocurre en todos los países del mundo. Pero yo recuerdo que en Asturias, los elige la Junta. Si los síndicos son elegidos por ley, por mayoría cualificada de tres quintos, por el órgano que representa el pueblo asturiano de acuerdo a unas elecciones. ¿Hay algún ámbito donde pueda invocarse una legitimidad de origen más fuerte que esa? Que haya cambios desde una sindicatura a candidaturas electorales es un fenómeno extremadamente infrecuente.
-¿No deja en mal lugar a la Sindicatura? ¿No se cuestiona esa imparcialidad?
-Hay que atenerse a los hechos. Es una decisión personal y de partido que yo no gloso. Y en cuanto a los requisitos de imparcialidad hay que atenerse a los hechos, a los trabajos, las conductas de la Sindicatura. Eso es lo que valida a la Sindicatura. Los derechos y la legitimidad para hacer eso es un asunto en el que no voy a entrar. Insistir en que se trata de algo infrecuente que, creo recordar, sólo hay un caso en un Parlamento autonómico de una persona que formaba parte de una Sindicatura y que pasó a ser diputado.
-A nadie se le escapa que ustedes, los síndicos, han mantenido importantes desavenencias durante los últimos tiempos. ¿Ha afectado eso al funcionamiento de la institución?
-Siempre he señalado que se trata de un órgano colegiado que está formado por personas de distinta procedencia y en ningún sitio se dice que tenga que haber entre ellas afinidades o amistades, por más deseable que fuera. Lo que sí dice la Ley es qué conductas y actuaciones deben llevarse a cabo y cuales no. Y a eso es a lo que hay que atenerse. Con independencia de que las personas que forman parte tengan más o menos química lo que está claro es que tienen que cumplir una serie de obligaciones. A eso me remito. Cuando hay desavenencias, hay que situarlas en su propio marco, pero hay que ver y a veces el deber de sigilo y mantener la reserva de las deliberaciones impide concretar mayores extremos.
-¿Está detrás de esa controversia la vinculación política en la que pudo caer alguno de los síndicos?
-La independencia, además de ejercitarse, debe también aparentarse. Son las dos cosas. Si existe cualquier duda sobre la imparcialidad hace mucho daño a la actividad de la institución. Es crucial que todos los integrantes se adecuen a esos principios.
