La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (EMTUSA) está pagando anualmente 1,7 millones de euros por el alquiler de sus nuevas cocheras en el polígono de Los Campones, en Tremañes. Esa renta es treinta veces superior a la que pagaba por las antiguas instalaciones de El Cerillero (56.987 euros).
Esta elevada carga es consecuencia de un contrato formalizado el 26 de diciembre de 2007 por el actual jefe de la oposición municipal, el socialista Santiago Martínez Argüelles, quien como presidente de EMTUSA otorgó a Jesús Martínez Construcciones el derecho de superficie y arrendamiento operativo de las instalaciones que albergan las oficinas administrativas, el aparcamiento y el taller de autobuses de la compañía.
La renta anual de 1.777.071 euros que tiene que afrontar actualmente EMTUSA se desglosa de la siguiente forma: 1.348.231 euros son por el alquiler del edificio, 213.880 euros por la limpieza de las cocheras y los autobuses, y 214.960 euros más por el mantenimiento y conservación de las instalaciones.
El contrato establece que se devengarán alquileres por un periodo de 30 años y, además, aumentando las cantidades que se deben abonar anualmente en la proporción del IPC.
Las cantidades que recibe Jesús Martínez, firma que está al frente de la gestión de Talasoponiente, son la contrapartida por haberse hecho cargo de la ejecución material de las obras, que le supusieron un desembolso de 19.013.233 euros. EMTUSA empezó a pagar cuotas de arrendamiento un mes después de la entrada en servicio de las cocheras.
El nuevo equipo de gobierno juzga «desmesuradas» las rentas que cobra la empresa propietaria de las nuevas cocheras y se reunirá en breve con sus responsables para revisar los términos de un contrato que, en la actual coyuntura de crisis, «supone un enorme lastre económico para la gestión de EMTUSA y asfixia a la empresa». Foro ha hecho cálculos. Si la subida del IPC fuera del 2% (el año pasado fue del 3%), EMTUSA tendría que pagar al cabo de los 30 años de vigencia del contrato 55.250.769 euros. Y en el supuesto que no hubiera inflación, la cifra sería de 40.446.930 euros, más del doble de la inversión realizada por la empresa propietaria.
Para colmo, la edificación ejecutada no se considera «la más correcta para la actividad que allí se desarrolla», según el Ayuntamiento. La existencia de rampas y de numerosas columnas dificultan las operaciones de movilidad de los autobuses. Además, las zonas de repostaje y limpieza son de dimensiones reducidas y generan también problemas operativos.
La compañía municipal de autobuses cerró 2010 con unas pérdidas de 9,7 millones de euros.
