La Consejería de Fomento negociará con alcaldes y agentes sociales un nuevo Plan de Carreteras, documento que luego será sancionado por el Consejo de Gobierno. El refrendo compromete al Principado a ejecutar durante los próximos diez años las conexiones mandatadas por dicho Plan. Si la tramitación no se tuerce y el documento adquiere tal rango, Asturias se ataría a una programación más firme que la mostrada en los últimos años por otros planes, como el Extraordinario de Inversiones o el de Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías, anunciados por el Ministerio de Fomento con la pretensión de movilizar 24.512 millones hasta 2044, ambiciones no elevadas aún al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para asegurar que el papel devenga en obras, el Gobierno regional intentará guiar las negociaciones a un terreno de juego acotado por los rigores del momento. «Queremos una planificación realista, técnica, con la que podamos comprometernos presupuestariamente, por eso estimamos que durante la próxima década el Principado sólo podrá permitirse una inversión de 1.000 millones en este área», avanza Juan Vega, viceconsejero de Infraestructuras. Bajo ese techo de gasto «podemos negociar juntos sin partidismo y con rigor las prioridades que deben salir adelante», sugiere.
Aunque las programaciones en obra pública se hacen con un horizonte que desborda legislaturas y coyunturas económicas, la propuesta casa con la de otras autonomías donde asumen que se acabaron las alegrías en infraestructuras. Ayer mismo Antonio Silván, consejero de Fomento de Castilla y León, anunciaba la revisión a la baja de su Plan de Carreteras 2008-2020, que sugería quince autovías por 6.300 millones.
Los 1.000 millones que baraja ahora el Principado rebajan a la mitad el dinero que la Administración regional venía dedicando a sus carreteras. En la pasada legislatura, el entonces consejero Francisco González Buendía firmó licitaciones por valor de 817 millones, un esfuerzo de 204 millones anuales. Vega deja la expectativa en cien millones.
«Aquella fue una administración con otra disponibilidad presupuestaria y que además contaba en infraestructuras con la enorme inyección extraordinaria de los Fondos Mineros», sostiene el viceconsejero. El equipo de Gobierno ha anunciado que someterá a la aprobación de los sindicatos mineros todo proyecto a cargo de estos fondos, lo que ha supuesto la anulación de casi todo el tren-tranvía dibujado entre Pola de Laviana y Gijón. Vega apunta sin embargo que la minoración de fondos mineros para la obra pública iba a producirse al margen de esa decisión: «No vamos a volver a recibir una inyección como la que hemos tenido a cuenta de la reconversión minera, y eso no es atribuible a la gestión de este Gobierno».
Con la puerta del endeudamiento vetada por Bruselas y el pozo de los fondos mineros secándose, la consejería ambiciona salvar los proyectos cuya tramitación se maduró por ésta última vía. Es el caso de la reparación de la AS-254 entre Infiesto y Campo de Caso (presupuestada en 42,2 millones), el enlace de San Miguel de la Barreda (41,6 millones) y los accesos a los polígonos alleranos de Caborana y Marianes con la carretera de Boo (13 millones más). En total, casi cien millones, el equivalente al presupuesto de todo un año según el nuevo paradigma.
«Podríamos llegar y decir que no, que vamos gastar más, llamar a los alcaldes y pedirles su carta a los reyes magos; así es cómo se estaba gestionando hasta ahora el Plan de Carreteras pero no hemos venido a engañar a la gente», asegura el viceconsejero de Infraestructuras.
El contrato para la redacción de del Programa de Actuación Territorial de Carreteras 2009-2020 fue adjudicado en favor de Tecnia y Vectio el 22 de diciembre de 2009, con un plazo de entrega de doce meses. Excedido el margen, la consejería dejó en suspenso el contrato justo antes de las elecciones de mayo. El borrador al que se había llegado en ese momento reconocía la necesidad de acometer inversiones por valor de 1.622,1 millones. De ellos, el 37% (601,4 millones) corresponden a carreteras y autovías que hasta ahora no habían sido propuestas, un 33,4% (542,9) a obras programadas en el anterior Plan de Carreteras y pendientes de ejecución, el 15,8% (257,1) son actuaciones ya prometidas por el Principado, y el 13,6% restante (220,7) conexiones que están ahora en ejecución. Existía además un cuadro de proyectos por valor de 913,4 millones que habían sido considerados durante esta fase preliminar pero que ya se desechaban.
«Hay alcaldes con los que me he reunido que al ver ese listado se han llevado las manos a la cabeza: incluye proyectos que a ellos les habían prometido», lamenta Vega. En los casi tres meses que lleva en el cargo también ha visto «ayuntamientos que reclaman partidas que estaban en los presupuestos regionales consignadas para sus carreteras, y que se han gastado en otros fines».
Un documento «virgen»
Para reordenar el asunto, Fomento asumirá los informes técnicos que Vectio y Tecnia ya tenían elaborados (mapas con proyecciones de tráfico y diagnósticos de zonas que requieren solución). «El Plan es nuevo y virgen políticamente porque no continuamos con las selecciones partidistas realizadas», subraya Vega. Sobre esa base técnica la consejería iniciará la negociación con los sindicatos y la patronal por un lado, y con los alcaldes por el otro. En una primera fase el viceconsejero o el director general de Carreteras se reunirán con cada regidor, pero luego éstos deberán confrontar sus particulares propuestas y establecer una jerarquía de prioridades en el seno de la Comisión de Infraestructuras de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
