El ajuste de cuentas cobra fuerza como detonante del crimen registrado el viernes en la cárcel de Villabona. B. K., marroquí afincado en Gijón y con varios antecedentes en su historial, propinó una brutal paliza a un interno natural de Corvera. Los hechos sucedieron tras el recuento de las siete de la tarde, en el patio del módulo 8, donde ambos estaban recluidos. La agresión cogió por sorpresa a los vigilantes y cuando se logró rescatar a la víctima y llevarla hasta la enfermería ya era demasiado tarde. La magistrada-juez María Luis Llaneza fue llamada para proceder al levantamiento del cadáver y a ella corresponde instruir el caso.
Las primeras averiguaciones realizadas por la Guardia Civil y la propia dirección del centro descubrieron que agresor y víctima «tenían algún problema pendiente y se conocían de la calle», como informó ayer este periódico. El conflicto entre ambos parece remontarse a 2003, cuando en un bar de Gijón el corverano habría apuñalado al marroquí, según avanzó anoche TPA.
El de Corvera ingresó en Villabona hace sólo unas semanas y no advirtió a la dirección del centro del peligroso antecedente que tenía con su compañero de módulo. Cuando la junta de Villabona detecta este tipo de conflictos, procede a separar a los reos en edificios distintos para evitar que entren en contacto. En estos momentos B. K. ha sido confinado al módulo de aislamiento como medida disciplinaria. Ahí permanece sólo en una celda de unos 20 metros cuadrados. Son una treintena los reclusos que cumplen en estas condiciones el primer grado.
La dirección de Villabona sostiene que «nunca en la historia de este centro se registró una agresión con resultado de muerte». La penitenciaría fue inaugurada en 1992 y viene acogiendo a una población reclusa por encima de los 1.400 reos. Este año está minorando a un ritmo del 5,5%, situándose el censo hace una semana en 171 preventivos y 1.280 penados. Los sindicatos de funcionarios llevan años asegurando que hay un problema de sobreocupación y reclaman la incorporación de más personal al servicio de vigilancia. El fiscal de vigilancia penitenciaria, por su parte, cifra la capacidad máxima del centro en los 1.500 internos, por lo que ya ha calificado los índices actuales de «razonables».
La mortalidad en Villabona no resulta infrecuente. El pasado año fallecieron en la cárcel cinco presos, revelando las autopsias que los decesos se debieron a una intoxicación por opiáceos, una neumonía grave, una infección respiratoria, otra parada cardiorespiratoria y un suicidio por ahorcamiento.
La Ley Orgánica General Penitenciaria ordena a la Administración a velar «por la vida, integridad y salud de los internos». Desde mayo de 2007, la doctrina del Tribunal Supremo entiende que la norma «obliga a adoptar en cada caso las medidas de seguridad adecuadas a los peligros que genere cada concreta situación». Es una interpretación que viene haciendo al Estado responsable civil subsidiario de las lesiones y muertes acaecidas en los centros de los que es titular.
La última sentencia al respecto data de septiembre, cuando la Audiencia Provincial de Zaragoza revisó una agresión registrada en la cárcel de Zuera. Entonces declaró responsable penal al atacante, pero recordó que «si se produjo la agresión lo fue por inexistencia o insuficiencia de elementos de seguridad, lo que supone una omisión culposa que influyó causalmente en la producción del resultado».
En argumentaciones similares están asentando los magistrados las sentencias que condenan a Instituciones Penitenciarias a indemnizar a las víctimas o a sus deudos. El último fallo en este sentido se conoció el mes pasado y ordena al Estado a abonar 80.000 euros a los familiares de un reo que murió en 2009 en el penal alicantino de Fontcalent a manos de otro recluso.
