Ana López Pandiella, magistrada-juez de Instrucción, dirigió personalmente la entrada y registro a la sede de Almacenes Pumarín S.A. el 24 de enero pasado, ordenando a los agentes que la acompañaban que recogieran todas las agendas, material contable y parte de los discos duros. El material se trasladó a las dependencias de la Unidad de Delincuencia Económica de Gijón y, dado el volumen de la misma, se asignó a su análisis un equipo específico de técnicos de la Agencia Tributaria, que trabajaron bajo la dirección de un inspector y un subinspector. El grupo ha pasado diez meses cotejando los cuadernos de los comerciales -en las que consta a quién se vendía y a quién se mandaba regalos- con la información contenida en 200 archivadores que recogen las facturas cargadas contra la empresa entre 2006 y 2009.
Tras realizar el ejercicio, los técnicos del fisco seleccionaron 319 recibos emitidos desde 14 sociedades y por valor de 5,3 millones. Los especialistas entienden que «los bienes y servicios que describen todas las facturas hacen dudar a esta inspección de la veracidad de las operaciones comerciales o que éstas sean necesarias para la obtención de los ingresos de Almacenes Pumarín, pudiendo tratarse de facturas que encubran pagos en especie a personas implicadas en la trama que se investiga». En un informe provisional remitido al juzgado que instruye el 'caso Renedo', la Agencia Tributaria destaca que en algunos casos «las anotaciones manuales en la propia factura hacen suponer que los destinatarios de las mismas sean personas implicadas en la trama que se investiga».
Entre los comprobantes de los que sospecha el fisco hay 318.528,92 euros cargados en viajes, uno de ellos, a Punta Cana (República Dominicana). Tras hacer las oportunas averiguaciones, los agentes de la Brigada de Policía Judicial comprobaron que 16 facturas fueron emitidas por una sola agencia de viajes, sita en Llanes, lo que ha llevado al magistrado-juez Ángel Sorando a expedir oficio para que la oficina aporte «toda la información de detalle» de estos servicios.
APSA no tiene oficina en Llanes aunque sí una fuerte vinculación, como revelan los recibos de material promocional para la campaña de la alcaldesa, a cuya persona se mandaron cestas navideñas; además constan importantes desembolsos en las empresas hosteleras de la familia de la coimputada y exdirectora general María Jesús Otero. Los agentes buscan explicación al hecho de que APSA asumiera 19.844 euros por unos trabajos de pintura realizados en el Centro de adultos de La Arquera.
Además de los viajes, consta que APSA fue adquiriendo de 2006 a 2010, y en una conocida superficie comercial, 186 cheques-regalo por importe de 155.574 euros. Las anotaciones de los comerciales precisan que un vale de 600 euros fue al Ayuntamiento de Mieres, cinco por 3.000 euros terminaron en el área de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, mientras una remesa por 12.000 euros fue para un tal «sr. Villa». El líder minero de este apellido se ha desvinculando totalmente del asunto.
Los agentes reclamaron a la superficie comercial la lista de clientes que gastaron todos los vales, excusándose la empresa en que al no ser cheques-regalo nominales, no consta quién los utiliza para abonar sus compras. Una vez mostrada la frustración de los policías en este punto, y para agotar todas las posibilidades de investigación, el magistrado-juez les acaba de habilitar para que reclamen a la cadena comercial los «albaranes y lugares de entrega de mercancías».
El grueso de las facturas apunta sin embargo a una empresa de muebles y con la que, formalmente, APSA no tiene relación orgánica. A pesar de ello, en su sede del polígono industrial de Roces aparecieron folios en blanco con el membrete de ésta y de otra mercantil. Tras buscar en las bases de datos de la Agencia Tributaria, resulta que ambas tienen su sede en la misma calle de Langreo, y su administrador único y la apoderada eran en su día responsables de Aldisa, empresa que APSA acabó incorporando a su grupo.
Para aclarar el asunto, Sorando ha ordenado a los agentes que pidan «información adicional» a las 14 empresas que emitieron todos los recibos. Se les exige «justificación de la realidad de las operaciones económicas que describen las facturas, identificando los destinatarios de las mismas». Las pesquisas están obligando a los agentes a coordinarse con comisarías de otras provincias donde tienen sus sedes estas mercantiles.
Se da la circunstancia de que APSA ya reconoció en su día al fisco que otras facturas por tres millones cargadas por testaferros eran falsas.
