Un juzgado gijonés tiene desde el verano asignada la instrucción de una pieza separada del 'caso Renedo' sobre la que mantiene el secreto de las actuaciones. Las pesquisas incluyen un seguimiento a los movimientos dados en los últimos años por la empresa Almacenes Pumarín, S. A. (APSA), su comercial María del Mar Zapico y la Agrupación Socialista local.
Sobre estos asuntos, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla fue recogiendo varias denuncias durante la investigación del 'caso Renedo', que intenta concentrar en una presunta trama de corrupción en el Principado. El instructor explicó en su momento que la investigación que tiene en sus manos «no puede ser una causa general contra la corrupción en Asturias, ni éste el único juzgado de instrucción del Principado». Bajo este argumento, el titular de Instrucción 2 de Oviedo acota su campo de actuación a lo que incumba a los cinco imputados con calificación provisional de delitos conocida, esto es, José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero Rebollada, Marta Renedo Avilés, Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez.
A pesar del objetivo declarado, a Instrucción 2 de Oviedo han ido llegando diversas denuncias que intentan ampliar el alcance de la causa. Uno de los actores más activos en este sentido es la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), que se hizo eco de la denuncia que en su día un ciudadano gijonés interpuso ante el consistorio en contra de María del Mar Zapico, comercial de APSA y mujer del secretario general de la agrupación socialista José Manuel Sariego. Entendía Avall que los hechos descritos por este ciudadano sugieren que Zapico y la exdirectora general de Educación, María Jesús Otero Rebollada, pudieron presionar desde distintos ámbitos para favorecer contratos públicos para APSA.
Avall trasladó al magistrado-juez otra denuncia que un anónimo les dirigió describiendo similares maniobras en el Conservatorio Profesional de Música. En esta institución el Ayuntamiento designó a Zapico como representante municipal en 2007 tras haber perdido por dos veces las elecciones para alcanzar ese puesto en representación de los padres y alumnos, extremo que en su día criticó el PP.
En su actuación, Avall también advirtió de que Zapico fue administradora de una empresa de gestión documental, y requirió que la Brigada de Delincuencia Económica y la agencia tributaria inspeccionaran las cuentas de la sociedad.
Por otro cauce a Sorando también le llegó una denuncia más en la que se describe con detalle el mobiliario instalado en la Agrupación Socialista de Gijón, sugiriendo que el mismo fue adquirido a precios muy ventajosos.
Sorando agrupó todos estos asuntos en una pieza separada y dio traslado de ella al decanato de Gijón, para que lo asignara a un juez local según las normas de reparto. El de Instrucción 2 de Oviedo no apreciaba «al menos de momento» indicios suficientes que vincularan lo aquí descrito con el 'caso Renedo'; eso sí, entendía de interés que las denuncias se investigaran «por si los hechos que se refieren fueran constitutivos de infracción penal». El asunto se está ventilando desde entonces bajo secreto. En determinados corrillos se da por hecho que la pieza recayó en el número 4 de Gijón, de la que es titular Ana López Pandiella, la magistrada-juez que inició la investigación del 'caso Renedo'.
Se da la circunstancia de que tras desprenderse de esta pieza, la instrucción del magistrado-juez Ángel Sorando sobre Almacenes Pumarín ha terminado de nuevo llevándole hasta María del Mar Zapico. Un informe policial atribuye a esta comercial la autoría de una agenda rosada incautada en la sede de APSA y que guardaba una de sus nóminas. El dietario también incluía un listado de altos cargos y políticos de ayuntamientos y empresas municipales a los que se agasajaba con regalos. El abogado de la mujer ha negado que la agenda fuera suya y defiende la legalidad de sus actuaciones.
Para aclarar el asunto, Sorando ha citado a declarar a Zapico como imputada el próximo 5 de marzo. Su letrado señaló ayer que «no nos ha llegado aún la comunicación oficial, no sabemos los motivos que llevan a la imputación, y desconocemos si hay una pieza aparte que nos incumba».
En el supuesto de que las dos investigaciones abiertas entren en el mismo asunto, sus instructores se verían obligados a coordinarse.
