La lista de imputados del 'caso Renedo' amenaza con engordar en los próximos días. El magistrado-juez Ángel Sorando acaba de librar un oficio a la Guardia Civil para que identifique a los gerentes de tres empresas que ingresaron dinero público gracias a contratos presuntamente adulterados por la funcionaria Marta Renedo Avilés. El interrogatorio de estos empresarios en sede judicial fue interesado en su día por el Principado de Asturias, que actúa en la causa como acusación particular y posible responsable subsidiario. A esta parte también se ha dirigido el instructor para que aclare en concepto de qué quiere que declaren los representantes de las mercantiles investigadas: si como testigos o de imputados. A falta de tomar una decisión definitiva, en el servicio jurídico del Principado gana enteros la opción de interesar la imputación.
El asunto parte de una investigación interna iniciada en el Principado el pasado 2 de junio por orden de Ana Rosa Migoya, entonces consejera en funciones de Administraciones Públicas. El objetivo de la pesquisa era revisar todos los expedientes que pasaron por manos de Marta Renedo en su etapa como jefa de servicio en la Consejería de Cultura (2004-2007) y luego en Administraciones Públicas (2007-2010). El trabajo empezó en éste último departamento, permitiendo cifrar entre los 700.000 y los 800.000 euros el dinero que la funcionaria se habría presuntamente desviado a cuentas y empresas que estaban bajo su control.
La sorpresa saltó al estudiar los años en Cultura. Ahí los inspectores del Principado detectaron una mecánica delictiva hasta ahora desconocida. Según las conclusiones expuestas ante el magistrado-juez, resulta que «en algunas ocasiones» para apropiarse de los fondos la funcionaria «utilizaba una resolución de adjudicación de contrato que ya había sido dictada y registrada. El número y la fecha de la resolución se 'reutiliza' para un nuevo contrato que obviamente, no se realizó».
Esta presunta duplicación de contratos se descubrió en 16 expedientes de contratación fechados entre 2005 y 2007. Según los cálculos del Principado, por esta vía se habrían detraído 249.105,08 euros de las arcas regionales. La firma de Marta Renedo aparece visando y autorizando todas estas facturas.
De los 16 expedientes señalados, diez facturan el dinero a favor de Oxiplans, una empresa nunca dada de alta en el registro mercantil y cuyo número de cuenta se corresponde con una de las libretas que Renedo tendría bajo su control. Las otras seis adjudicaciones fraudulentas están valoradas en 140.387,77 euros y tienen por destinatarios tres sociedades mercantiles que sí existen y comparten sede social. Según los servidores de información mercantil consultados por este periódico, M. F. aparece como administrador único o solidario en las tres empresas, mientras que en una de ellas comparte la responsabilidad con R. C.
Traslado al fiscal
El Principado había interesado ya a mediados de noviembre que fueran llamados a declarar «a fin de que expliquen cumplidamente, con todas las garantías, su intervención en los contratos». En un primer momento Sorando dio traslado de la cuestión al Ministerio Fiscal para que manifestara su parecer. Pasadas las semanas sin que la fiscal asignada al caso respondiera, el instructor ha decidido finalmente identificar a los empresarios y dejar que el Principado concrete si interesa o no su imputación. La opinión de esta acusación será considerada pero no resulta vinculante, como bien sabe el Bloque por Asturies, personado también en el procedimiento y que en su día solicitó la imputación de Ana Rosa Migoya, algo a lo que Sorando no accedió.
Se da la circunstancia de que M.F. ya declaró en la comisaría por el 'caso Renedo'. El motivo entonces fue que los agentes habían detectado pagos desde su empresa a favor de Implans Mounts S.L., sociedad de la que Renedo era administradora única. El empresario explicó que efectivamente conocía a la funcionaria porque como jefa de servicio gestionaba un área, Modernización, en la que trabaja su compañía. Según la declaración en una ocasión su empresa habría realizado una serie de facturaciones por 248.000 euros al departamento de Modernización pero luego la funcionaria le advirtió de que sus jefes habían cambiado de prioridades y que esos encargos ya no se iban a hacer. El superior de Renedo les habría urgido ahora a realizar un trabajo de digitalización. La funcionaria explicó a M.F. que para arreglar la situación, lo mejor era que en vez de devolver el dinero al Principado, lo girara a favor de la empresa a la que se había confiado la digitalización, llamada Implans Mounts.
M.F. aseguró a los agentes que este tipo de operaciones es «muy habitual en la Administración» y que su empresa «únicamente siguió las órdenes dadas por Marta Renedo», desconociendo en todo momento que ella fuera la administradora única de Implans Mounts. En caso de que finalmente sea llamado a declarar de nuevo en sede judicial, deberá explicar si las facturas duplicadas en Cultura obedecen también a un engaño urdido por la funcionaria, pero en esta ocasión lo haría en presencia del abogado de Renedo, que tiene el derecho a plantear cuestiones a su relato. Según la agenda que maneja Instrucción 2 de Oviedo, el interrogatorio habría de celebrarse a partir de marzo. Si finalmente el magistrado-juez se inclina por la imputación, los empresarios engordarían una lista en la que inicialmente estaban José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero Rebollada, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez y, desde hace unos días, también la comercial María del Mar Zapico.
