Marta Renedo Avilés sostiene que todos los trabajos de informática por los que su empresa, Implans Mounts S.L., facturó entre 700.000 y 800.000 euros al Principado en año y medio «se hicieron». Asegura que los encargos le fueron adjudicados por el Principado. Tras examinar un listado de expedientes de contratación sospechosos de manipulación, advirtió que parte de las firmas que llevan su nombre «en realidad no son mías». Para acreditarlo, aceptó realizar un cuerpo de escritura que permita cotejar las caligrafías.
De todo ello dio cuenta ayer durante la hora y cuarto que duró un interrogatorio convocado por el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, instructor de un presunto caso de corrupción en el Principado que la tiene como uno de los actores principales. Los indicios en contra de la funcionaria le han valido una imputación por malversación de caudales públicos, cohecho, fraudes, exacciones ilegales y falsificación en documento público, delitos que la exponen a una pena de entre los 10 y los 23 años de prisión.
A la amenaza respondió ayer Renedo Avilés ratificándose en la primera declaración realizada hace un año ante la magistrada Ana López Pandiella, una versión que la convierte en víctima de maquinaciones urdidas por personas cuya identidad no se ha acreditado e inocente de todo delito penal. A lo sumo reconocería una irregularidad administrativa: haber creado una empresa cuando como jefa de servicio de la Administración percibía un plus mensual de 1.740,27 euros por no tener una actividad privada retribuida.
En un momento dado el magistrado-juez trató de tenderle un puente de plata para que saliera del enroque. «Si quiere alguna circunstancia atenuante, éste es el momento», invitó antes de ponerle la grabación de una conversación que Renedo mantuvo en marzo de 2010 con su marido. En ella, el hombre informa que «ha llamado a 'Pedrón', el cual está haciendo indagaciones y gestiones con su gente, y que Marta no se preocupe, que del tema de Cultura y demás no va a salir nada de nada, que ya había realizado una gestión directa con la consejera de ahora (...) descubrieron que ahí hay mucho tinglado de mucha gente y que iba a quedar muy tapadito todo».
Tras auditar la cinta, Sorando invitó a Renedo a detallar qué hay detrás de esta conversación, pero la imputada se acogió a su derecho a no declarar. Esta estrategia de defensa obligará al magistrado, los policías y las acusaciones a esmerarse en sus averiguaciones, lo que amenaza con alargar la instrucción.
En realidad, la funcionaria sólo accedió a responder a parte de las preguntas que le formuló el magistrado-juez y a siete cuestiones que previamente convenió con su abogado, impidiendo así la intervención de los otros ocho letrados presentes en la prueba. Sorando Pinilla comenzó la sesión leyendo un informe remitido en noviembre por el Principado y que acusa a Renedo Avilés de haber visado 16 contratos en la Consejería de Cultura entre 2005 y 2007 con números de expediente y resoluciones dictadas para otros encargos. Gracias a esta 'duplicación', supuestamente desvió 249.105,08 euros, 140.387,77 de los cuales terminaron en cuentas corrientes que la policía cree bajo su control. El resto giraron los fondos a tres empresas, cuyos administradores podrían ser imputados en los próximos días para explicar el asunto. Ayer, Renedo Avilés rechazó por «inciertas» las conclusiones de los inspectores del Principado, aseguró que no hubo tal duplicación y que basta con preguntar al personal de la Administración para comprobar que los trabajos recogidos en los expedientes se realizaron efectivamente.
Un «error» por vínculo
Luego el instructor pidió explicaciones sobre los expedientes de contratación que permitieron a Implans Mounts facturar los entre 700.000 y 800.000 euros descritos. La mujer replicó que los servicios informáticos ahí encargados «eran habituales», aunque se excusó por «no recordar» en qué consistían parte de ellos. Sorando Pinilla preguntó quién los había solicitado, a lo que Renedo explicó que «la consejería». «La consejería es algo muy difuso, alguien le daría la orden, ¿quién?», reclamó el instructor, sin obtener más información.
La declaración de ayer se realizó a instancias de la acusación particular reconocida a los deudos de María Severina B. B., anciana cuya identidad supuestamente utilizó Renedo para abrir una cuenta en Bankinter en 2007. El domicilio inscrito en la apertura de la libreta corresponde al piso de la familia de Renedo, la policía acreditó que algunas operaciones fueron ordenadas desde una línea de internet contratada por su marido y otras con un teléfono del que era titular la funcionaria. La cuenta tuvo ingresos por 107.689,68 euros, de los que 4.499 fueron aportados desde otra libreta de la que es titular Renedo. La imputada opuso ayer que «no tiene conocimiento» de quién fue María Severina y atribuye la transferencia a «un error» del que más tarde se percató, lo que le habría llevado a solicitar su devolución.
