Marcaban las 12.45 horas del 24 de enero cuando cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía llamaron al piso que en Oviedo tiene José Luis Iglesias Riopedre y lo detuvieron. Nunca antes un miembro del Consejo de Gobierno se había visto esposado, encerrado en los calabozos y luego, ingresado como preventivo en la cárcel de Villabona. La del veterano político fue la última de las cinco detenciones practicadas durante la redada que aquel día ordenó la magistrada-juez Ana López Pandiella.
Riopedre escuchó cómo los agentes le leían sus derechos y un eco se instaló desde entonces en los medios de comunicación. «Caso Renedo», «Operación Marea», «presunta red de corrupción en el Principado». Un año lleva repitiéndose, los socialistas están fuera del Ejecutivo regional, su secretario general reconoce el daño electoral sufrido y las noticias sobre el 'juicio de los trajes' en Valencia suenan de otra manera. La sentencia que le aguarda a Francisco Camps marcará doctrina sobre el cohecho impropio, delito que castiga a quienes reciben dádivas por razón de su cargo sólo por el mero hecho de aceptarlas. El sumario abierto en Asturias contiene listas de regalos con políticos de todo signo.
La Justicia acota los límites del delito mientras los cinco imputados esperan, cada uno a su manera. José Luis Iglesias Riopedre recuperó la libertad (condicional) a principios de marzo después de que sus amigos organizaran una colecta con la que reunir los 100.000 euros de fianza. Salió con deseos de hablar públicamente y defender toda una carrera de servicio público, sin embargo se sometió a regañadientes a la estrategia marcada por su abogado, Sergio Herrero. Ésta se basa en hacerse el submarino, esto es, dejar que el procedimiento judicial avance significándose lo menos posible. El letrado apenas ha planteado recursos, diligencias y no asiste a las testificales. Prefiere reunirse con su cliente para acumular argumentos y pruebas que sólo mostrará en la fase de juicio oral.
Un capítulo por escribir
El exconsejero sólo rompió este silencio para reunirse en una parrilla con la prensa y alegar que «nunca utilicé mi puesto en beneficio propio». Después se le ha visto en otros restaurantes con varios de los leales que aportaron fondos a su causa. Con el pasaporte retirado, gusta de viajar por el territorio nacional; en las Navidades estuvo en Madrid, donde tiene parte de su familia política y cada cierto tiempo escapa a Santiago de Compostela para reunirse con su hijo Ernesto, que allí tiene el negocio. Los desplazamientos no le impiden atender la huerta de su segunda residencia, en Cereceda (Piloña).
Nada más conocerse la noticia de su detención, Javier Fernández anunció la suspensión de militancia del exconsejero, sanción que puede estar entre los motivos que llevaron a Iglesias Riopedre a distanciarse de la política al punto de no votar en las últimas elecciones.
El exconsejero lleva meses quejándose ante sus próximos de la lentitud con la que avanza el proceso judicial y «le gustaría que acabara ya». El caso le vino encima cuando dedicaba la jubilación a escribir unas memorias que tiene sin acabar y donde se resiste a incluir este capítulo. Eso sí, ya tiene en proyecto abordar nuevos retos literarios.
Los indicios contra Iglesias Riopedre son hoy prácticamente los mismos que hace un año, lo que no ocurre con su 'número dos', María Jesús Otero. Sus allegados pusieron en julio los 200.000 euros que le procuraron la libertad bajo fianza pero antes habían sido obligados a acudir a la policía para presentar toda la documentación de las empresas que regentan. Otero Rebollada participó hace años en las mismas pero al acceder a cargos de dirección en la Administración regional cedió los derechos a sus próximos. La desvinculación no debió ser completa. Ante los agentes, su sobrina Celia reconoció que los alquileres de habitaciones que su mercantil facturaba a Almacenes Pumarín «los gestionaba mi tía».
Desde que saliera de prisión, Otero ha buscado refugio en el clan familiar y elude los restaurantes y lugares públicos donde antes era habitual verle con sus amigos. Adelgazó en prisión y ello le ha mejorado sus problemas de rodillas. Evita Llanes y acude puntualmente a principios y mediados de mes hasta Oviedo para firmar ante el Juzgado de Instrucción 2. En ocasiones aprovecha la incursión para citarse con su letrado -Ángel Bernal del Castillo- e ir de tiendas.
Llamada dos veces
De todos los imputados, la funcionaria Marta Renedo es la única que ha sido invitada a declarar en dos ocasiones y quizás la que arrastra mayor número de pruebas en contra. A pesar de ello opta por enrocarse, defender su inocencia y no reconocer delito alguno. El sumario da cuenta de conversaciones en las que dijo que «lo que hice fue una chorizada», «como tire de la manta se desmorona todo el Gobierno» y otras donde su marido asegura que los manejos de la Consejería de Cultura iban «a quedar muy tapaditos».
Ahora rechaza colaborar con la investigación, asegura que no firmó parte de los expedientes adulterados que se le atribuyen y aceptó esta semana someterse a una prueba caligráfica para acreditarlo. No se esconde y sus llamativos tacones se han visto cerca del piso que en la calle Cimadevilla de Oviedo adquirió gracias al dinero público que, presuntamente, desvió a su favor.
Todo esto en cuanto a los empleados públicos imputados. Como presuntos instigadores y beneficiados fueron señalados los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, que viven suerte pareja. Tras protestar ante la Audiencia Provincial, lograron levantar parcialmente el bloqueo que pesaba sobre sus cuentas y disponen cada mes de una cantidad cercana a los 6.000 euros. La investigación puso a los técnicos de la Agencia Tributaria sobre sus operaciones, de manera que ambos enfrentan ahora otros procedimientos por las irregularidades detectadas. Al poco de salir en libertad condicional, el dueño del grupo Almacenes Pumarín S.A. (APSA) delegó responsabilidades en dos apoderados y procura distanciarse de los negocios. Otro tanto ocurre con Muñiz quien, en acuerdo con el resto de accionistas, aceptó ceder por un precio simbólico y a los trabajadores la empresa a la que ha consagrado su vida (Igrafo). El 'pajarita', eso sí, estaba acostumbrado a que se le abrieran las puertas de la Administración y comer todos los días con los más importantes clientes, un ritmo de vida del que ahora le cuesta apearse. Vuelca parte de esa energía en estudiar al detalle una instrucción a la que ha planteado numerosos recursos.
Los cinco imputados recibieron esta semana el comentario realizado por el magistrado-juez Ángel Sorando que quiere cerrar la instrucción «después de Semana Santa», esto es, entorno a mayo. El anuncio atañe al núcleo central del 'caso Renedo', procedimiento que en su día fue dividido en una docena de pleitos cuya suerte se dirime también en otros juzgados de la región. Hasta el momento, los delitos imputados corresponden a los que darían lugar, antes de que acabe 2012, a un juicio con jurado popular.
