La Corporación de Noreña deberá decidir en las próximas fechas el grado de modificación que sufrirá el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Noreña, que el equipo redactor entregó en el anterior mandato y que quedó desestimado en el último pleno de la legislatura, tras el inesperado y determinante voto en contra del edil de la Uras, Daniel González Rajó, quien formaba parte del gobierno. El PSOE defiende la plena validez del documento, mientras que los grupos de la oposición consideran necesarias algunas mejoras.
El alcalde de Noreña, el socialista César Movilla, manifestó ayer que «lo ideal sería tener en consideración el trabajo técnico y político para no tirar el dinero que nos costó». Según sus datos, el Ayuntamiento lleva abonado el 60% del presupuesto del plan, lo que supone 90.000 euros. Movilla es partidario de proceder a una aprobación inicial del documento y que, para ganar tiempo, las propuestas se puedan incorporar como alegaciones.
El regidor no ve la necesidad de realizar cambios sustanciales en el texto. «Serían más cuestiones de forma que de fondo, con alguna definición más concreta», indicó. Movilla destacó la prioridad del polígono industrial de La Barreda, «que sigue teniendo demanda y donde es posible una pequeña vuelta de tuerca». La anterior Corporación había planteado la posibilidad de que el polígono fuera desarrollado por la sociedad mixta Sogepsa.
El portavoz de IPÑ, José Ángel Blanco, mencionó ayer una docena unidades de actuación contempladas en el PGOU, «que son inviables económica y técnicamente, y que no van a salir adelante». También cuestionó la pérdida de edificabilidad de algunas parcelas, lo que conllevaría perjuicios económicos para sus propietarios, o «la redacción farragosa del documento», que podría generar dudas y confusiones a los vecinos. «Un PGOU se redacta para ordenar el futuro con sentido común, no para poner trabas, ni entorpecer», sentenció Blanco.
La portavoz del PP, Marián Velasco, comentó ayer que su partido «tiene la voluntad política total y absoluta de que el PGOU salga adelante, porque sobre este plan pivotan otra serie de temas de gran enjundia». Y para ello, el PP está dispuesto a dialogar «con cualquier grupo político» en la consecución de ese objetivo común.
Velasco no quiso ahondar en demasiados detalles sobre los temas más cuestionables del actual documento -al que ya habían presentado en su día alegaciones- y prefirió mostrarse prudente. No obstante, sí reconoció «líneas coincidentes» con otros grupos afines ideológicamente. Tan solo apuntó entre los asuntos revisables las limitaciones de alturas de las naves industriales.
Para el portavoz del Frente de la Izquierda, Borja Ortea, entre el 80 y el 90% del actual documento «es válido para empezar a trabajar» y recordó que su voto contrario al PGOU había sido por cuestiones «formales y subsanables». Defendió también más alturas en el polígono de La Barreda, propuso incorporar más edificios al catálogo y cuestionó que toda la mancha de suelo residencial se concentre en Fuentespino, «donde no se mueve una licencia desde hace diez años».
Un plan de la época del boom
El portavoz de Foro, Inaciu Iglesias, aboga por la coordinación entre los partidos de la oposición más afines «para plantear un paquete conjunto de medidas» que, en función del número y de la trascendencia, «nos permitirá decidir hasta dónde se puede recuperar el documento actual, o bien modificarlo o volver a empezar». Iglesias subrayó que el PGOU «se empezó a redactar en la época del boom de la construcción», por lo que las circunstancias son ahora distintas. Propone un plan «más práctico», señala que las unidades de actuación «están limitando la construcción» y opina que «toda medida que tienda a reducir la edificabilidad tiene que estar muy justificada, porque no estamos en época de expansión». Y desveló que hay una factura pendiente de 12.000 euros al equipo redactor.
El edil de Conceyu, Pablo Pérez, ve prioritario que el PGOU «permita los usos tradicionales y no dañe a los pequeños propietarios». Defiende alguna fórmula para dinamizar el polígono de La Barreda y propone una mayor catalogación de bienes culturales y naturales. Otra propuesta es la creación de «itinerarios libres de barreras arquitectónicas». Este diario no pudo localizar ayer a la concejala de Ideas, Belén Junquera.
