Desde el siglo XIX los Estados controlan los sistemas educativos y procuran que cada individuo se sienta parte de un cuerpo político que le otorga derechos y le exige deberes. Se trata de un proceso histórico que ha desplazado las identidades locales y religiosas en favor de identidades nacionales. Fomentar estas últimas a través de la enseñanza lo han hecho todos los gobiernos en todos los países, aunque de maneras muy variadas.
Lo que hace el PP no es eliminar la educación para la ciudadanía, sino cambiarla por otra educación para la ciudadanía distinta. En la historia española reciente hemos tenido Formación del Espíritu Nacional, Religión, Ética, Educación para la Ciudadanía y, ahora, Educación Cívica y Constitucional. Aunque en la práctica cada colegio enseñaba lo que quería, a los sectores más conservadores de la sociedad esa libertad les parecía poco y demonizaban la asignatura introducida por Zapatero. El PP ha venido a darles la razón suprimiéndola. Era de esperar. Claro que calificar la asignatura de controvertida y sustituirla por otra similar no deja de ser chocante. Cualquier adoctrinamiento es controvertido, incluyendo el que se dispone a instaurar el gobierno. En ausencia de un pacto social por la educación -que ni está ni se le espera- la controversia seguirá existiendo por los siglos de los siglos.
El principal efecto de la materia implantada por el PSOE era el de crear ciudadanos con buena conciencia. Los alumnos se habían aprendido un catecismo laico y podían recitar de carrerilla consignas sobre el respeto a la diversidad o la separación de residuos sólidos. Está por ver lo que aprenderán los nuevos alumnos, pero alguna sospecha podemos tener. Seguro que los manuales de Educación Cívica y Constitucional no hablan (bien) de familias monoparentales u opciones sexuales alternativas, por ejemplo. Seguro que no mezclan peras con manzanas.
