La policía se puso en 2010 tras la pista de los empresarios asturianos Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz, al sospechar que estuvieran cometiendo cohecho y tráfico de influencias. La intervención de las conversaciones telefónicas y el estudio de las trasferencias bancarias provocaron su detención, interrogatorio y puesta en libertad provisional a principios de 2011, todo ello dentro del marco del 'caso Renedo' sobre una presunta trama de corrupción en el Principado. A la alegría por la libertad bajo fianza siguió el escalofrío de saber que a partir de aquel momento se les abría un nuevo frente: desde hace casi un año la Agencia Tributaria revisa hoja a hoja la contabilidad de todas las mercantiles vinculadas a los dos empresarios, descubriendo no pocas sorpresas.
La última apunta a Almacenes Pumarín S. A. (APSA), sociedad fundada por Alfonso Carlos Sánchez. Entre las facturas correspondientes a 2008 los técnicos detectan «abonos superiores a tres millones y medio de euros a nombre de una persona». Así lo recoge el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, en un auto por el cual ordena abrir pieza separada sobre el particular. El instructor del 'caso Renedo' no identifica quién es el supuesto beneficiario de los pagos o autor de las facturas falsas, pero recuerda que «ya este mismo juzgado mandó sacar testimonio por falsedad y delito fiscal en los ejercicios de 2006 y 2007».
Sorando recoge dos apreciaciones en su auto que le llevan a agrupar en una sola pieza separada todo el asunto. El titular de Instrucción 2 intuye que «el delito fiscal o falsificación de facturas por parte de responsables de APSA» puede aparecer también en los balances aún por cotejar sobre los años 2009 y 2010, lo que ampliaría el volúmen de ilícitos. Eso sí, está convencido de que las irreguliridades contables tienen «diferente naturaleza» de los delitos penales que forman el núcleo del 'caso Renedo', de ahí que los desgaje del pleito principal.
Existe un tercer motivo que el magistrado no explicita en el auto. Sorando ha reconocido públicamente que en todo lo tocante a los cinco principales imputados (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, y los dos empresarios) quiere cerrar tras Semana Santa la instrucción y enviarla a juicio . Apartar en una nueva pieza la contabilidad de APSA le permitirá profundizar en la misma sin tener para ello que mantener todo el 'caso Renedo' en fase de diligencias previas.
En este proceder Sorando marca distancias con su predecesora en la instrucción, la magistrada-juez Ana López Pandiella, quien trató de mantener aunada toda la investigación en un solo pleito.
Más testificales en marzo
Por otra parte, el instructor ha resuelto finalmente citar en calidad de testigos y a petición del Principado a los representantes de tres empresas. El motivo es que tras una inspección interna, los técnicos de la Administración autonómica descubrieron que Renedo visó entre 2005 y 2007 pagos a favor de estas mercantiles por valor de 140.387 euros. Lo que llamó la atención de los supervisores es que para autorizar los ingresos, la funcionaria habría duplicado expedientes de contratación que se hicieron para otros motivos. La sospecha de que Renedo adulteró los documentos se vió reforzada al encontrar en uno de los expedientes la firma de la consejera adherida mediante una trasparencia. La testifical se celebrará el próximo 13 de marzo.
