La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha encargado un informe médico-científico sobre la situación regulatoria de la píldora del día después en el resto de Europa y para conocer los efectos que puede causar en las mujeres que la consuman, especialmente en aquellas más jóvenes, antes de decidir si se continúa financiando o no.
Así lo aseguró la titular de Sanidad durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que negó que vaya a tomar medidas por cuestiones «ideológicas, morales o éticas». «Esto es un tema de salud pública», dijo.
Mato se mostró especialmente preocupada por los efectos de este medicamento en mujeres jóvenes que «todavía están en edad de desarrollo», a quienes «una píldora de estas características puede causarle algunos problemas».
La ministra precisó a quién ha encargado dicho informe ni cuándo obtendrá los resultados, pero aseveró que, «en cuanto los tenga», dará detalles sobre si se seguirá manteniendo su financiación, autorizada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Mato utilizó después su segundo turno de intervención para hablar de la modificación de la ley del aborto y avanzar que impulsará medidas de apoyo para evitar que las mujeres «se enfrenten a una situación tan dramática como es decidir si abortar o no».
La modificación de la norma, defendió, servirá «para defender el derecho a la vida en los términos que dicte la sentencia del Tribunal Constitucional, y también en el sentido de garantizar que las niñas menores tengan el apoyo de sus padres a la hora de enfrentarse a una situación tan dramática».
En este sentido, avanzó que el ministerio lanzará un plan para jóvenes embarazadas y para concienciar de que «existen más opciones». «Hay métodos que impiden quedarse embarazada, y también hay otras medidas de apoyo para evitar que una persona tenga tomar una decisión así», sostuvo la ministra.
Pacto de Estado sanitario
Mato pretende alcanzar también un proyecto de ley con una cartera básica de servicios que garanticen las mismas prestaciones para todos los españoles, algo que, si no es una gran novedad en sanidad, sí lo es en servicios sociales.
Así, centró su propuesta en el apartado sanitario en conseguir un pacto de Estado, cuyos principios serán asegurar la sostenibilidad del sistema (cifró la deuda en 15.000 millones), establecer una cartera básica común (con servicios sociosanitarios incluidos), fijar un tiempo máximo de respuesta (algo que ya está en una ley), unificar el calendario de vacunas (que comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Galicia han roto), establecer un plan de farmacia (que supone el 22% del gasto), aumentar los genéricos y crear una tarjeta sanitaria única.
En esta línea, Mato, en respuesta al PSOE y a Izquierda Unida, no cerró la puerta a introducir algún tipo de copago, pero tampoco dijo que lo vaya a hacer.
