Catorce meses después de que Julian Assange se presentase en una comisaría en Londres para responder a la orden europea de arresto que había dictado la Fiscalía de Estocolmo, que investiga la posible comisión de un delito de violación menor y varios de abuso sexual a dos mujeres suecas, el patrón de Wikileaks inició ayer el último recurso para evitar su extradición.
Tras los veredictos favorables al envío de Assange a Suecia por dos tribunales inferiores, siete jueces de la más alta corte de Inglaterra y Gales, el Supremo, escucharon ayer el largo argumento de la abogada Dinah Rose para evitar la extradición, alegando que la Fiscalía no es una autoridad judicial adecuada para solicitar la extradición.
Assange alegó inicialmente que la investigación en Suecia era una conspiración para enviarlo posteriormente a Estados Unidos, donde querrían juzgarle por la publicación en Wikileaks de informes y cables militares y diplomáticos. Posteriormente, su defensa dijo que las dos mujeres que le acusan no pueden sustentar un delito de violación o de abusos sexuales.
Finalmente, su caso ha quedado reducido a una cuestión legal, e importante, sobre el funcionamiento de la orden europea de arresto, introducida por una decisión marco de la Unión Europea, en 2002, con el objetivo inicial de acelerar la entrega de sospechosos de terrorismo. Se extendió a otros delitos como un sistema basado en la mutua confianza entre países.
Rose presentó ayer un caso bien trabajado en el que citó debates entre legisladores europeos y británicos, decisiones de otros tribunales en Irlanda o en Francia, para sostener que la demanda sueca es inválida, porque fue cursada por una fiscal cuando la euro-orden dice que las peticiones de arresto y extradición han de ser emitidas por una «autoridad judicial».
En Reino Unido, tras la detención de una persona, la Policía presenta muy pronto los cargos, y defensa y fiscalía combaten más tarde ante un juez o un jurado. Las demandas de arresto y extradición por un magistrado instructor, protagonista del procedimiento judicial español, o francés, hasta su remisión del caso al tribunal juzgador, ya han creado intensos debates en la sociedad. El Supremo ha establecido jurisprudencia que homologa el papel del instructor en otros países.
El caso de Assange es «distinto», dice Rose, pues su extradición ha sido solicitada por la Fiscalía. Y para la abogada de Assange, cuando la ley da a una 'autoridad judicial' el poder de emitir la euro-orden, esa ha de ser «independiente del Ejecutivo y de las partes». Para la fiscal, Clare Montgomery, si la legislación doméstica sueca da a la Fiscalía el poder de pedir extradiciones, es suficiente. El caso se extenderá hoy y la sentencia se espera en «varias semanas».
El proceso fue seguido ayer desde el exterior del tribunal por un grupo de simpatizantes que portaban pancartas con frases como 'Para protegerse, el sistema castiga a los que denuncian' o 'Liberad a Julian Assange'.
