El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto unas diligencias previas que ha declarado secretas para investigar la existencia de una supuesta trama en el Cuerpo Nacional de Policía para amañar concursos y hacer adjudicaciones a dedo de obras y reformas en instalaciones de la institución.
La apertura de esta investigación se ha producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que ha visto posibles indicios de delito en esas adjudicaciones. El caso -explicaron fuentes judiciales- comenzó hace un mes, después de que una denuncia anónima sobre los supuestos contratos irregulares llegara a la Intervención Delegada de Hacienda. Este organismo remitió el asunto a la Dirección General de la Policía que, a su vez, dejó el caso en manos de Asuntos Internos. Esta unidad, dada la gravedad de las acusaciones y tras constatar que la mayor parte de la denuncia se refería a contratos reales, puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que decidió judicializar la investigación.
El escrito de autoría ignota, y al que ha tenido acceso este periódico, consta de nueve páginas en las que se detallan con todo lujo de detalles supuestos contratos a empresarios 'amigos' por un importe cercano a los dos millones de euros solo durante los ejercicios de 2010 y 2011.
Siempre según la denuncia, el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía habría encargado una treintena de obras en instalaciones policiales de una decena de provincias diferentes, entre ellas Cantabria, Madrid, Valladolid, Barcelona, Rioja, Cáceres, Pontevedra, Zaragoza o León, incurriendo en diversas irregularidades. Entre las instalaciones citadas se encuentra incluso el complejo policial de Canillas, en Madrid, sede los servicios centrales del cuerpo.
De acuerdo con el escrito, estas obras, la mayoría remodelaciones y reformas en comisarías, habrían sido encomendadas a un grupo de 19 empresas y despachos de arquitectos 'amigos', que el texto reproduce con cifras y nombres.
El denunciante anónimo habla de contratos «amañados», aceptación de trabajos «muy por encima del precio de mercado», partición de adjudicaciones en «contratos menores» para no tener que sacarlos a concurso público, adjudicación a empresas 'amigas' de trabajos en provincias diferentes de las que operaban, costosos estudios que nunca llegaron a realizarse, contratos a las mismas personas escondidas bajo diferentes sociedades o partición de los presupuestos en diferentes anualidades para reducir el costo de los contratos.
La denuncia, que asegura que en muchas de estas adjudicaciones irregulares se utilizaron fondos del reciente Plan E para la promoción del empleo a través de las obras públicas, detalla que de media estos contratos estaban inflados un 30%, dinero que el anónimo acusa de repartirse entre los contratistas y administradores del cuerpo, que habitualmente no son policías.
«Particular agosto»
«En todos los casos -relata la denuncia- estas irregularidades están dirigidas siempre a las mismas empresas, que son bastantes» y son siempre los «mismos técnicos» los que firman las adjudicaciones. Según el escrito, son años que estas personas están haciendo su «agosto particular» gracias a los contratos públicos a «empresas amigas y compinchadas».
La misma denuncia llegó la pasada semana al mayoritario Sindicato Unificado de Policía, que remitió el martes una copia del escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las acusaciones.
