El director del PP en el Exterior criticó ayer a la Junta de Andalucía y al Gobierno del Principado. Les acusa de continuar la línea del Gobierno de Zapatero al romper con la gratuidad del voto exterior y denuncia que ambas comunidades están remitiendo unos formularios para la solicitud de voto que «provocan confusión entre los 176.000 andaluces con derecho a voto y los 90.000 asturianos que igualmente han sido convocados a las urnas».
El proceso electoral que comenzó en ambas comunidades el pasado martes, una vez publicada la disolución de los parlamentos en los respectivos boletines oficiales, con la aplicación de la nueva normativa electoral, significa que en los 25 primeros días de la convocatoria, el colectivo de andaluces y asturianos residentes en el exterior tiene que solicitar su participación en el proceso electoral, lo que en términos coloquiales se llama el voto rogado.
Sin embargo, según Prada, el documento que están recibiendo los andaluces y asturianos residentes fuera de España o al que se puede acceder a través de las páginas web oficiales de distintas instituciones, provoca «mucha confusión» y además su reenvío, una vez cumplimentado, «tiene coste económico para el solicitante del voto».
En opinión del director de Exterior del PP, se rompe de esta manera el «espíritu de la gratuidad que tradicionalmente ha tenido el voto de los españoles residentes en el exterior».
Además, Alfredo Prada lamenta también que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno del Principado, que preside Francisco Álvarez-Cascos, no realicen una campaña informativa de carácter institucional que fomente la participación de estos colectivos.
Casi un millón de electores
El Gobierno regional todavía no ha dado las cifras oficiales de los asturianos que podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo mes de marzo. Si se coge como referencia los datos facilitados en vísperas de los comicios generales, casi un millón de asturianos tendrán oportunidad de participar en las elecciones.
Según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, 989.044 asturianos tuvieron la opción de votar en los comicios del pasado mes de noviembre. La cifra era ligeramente inferior al número de votantes potenciales que estaban llamados a las urnas para las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.
Entonces, según datos facilitados el primer día de precampaña por la entonces consejera de Presidencia, María José Ramos, había 990.341 asturianos con derecho a participar, de los cuales 84.225 formaban parte del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). Es decir, el colectivo de emigrantes asturianos. Se daba entonces la circunstancia de que el número de residentes en el exterior se había disparado con un crecimiento cercano a las 20.000 personas. La explicación de este aumento había que buscarla en dos elementos. Por un lado la aprobación de la ley de la memoria histórica, que facilitó la adquisición de la nacionalidad española a los nietos de los emigrantes lo que conlleva, entre otros derechos, el del voto. El otro motivo que está detrás de este incremento es el hecho de que cada vez son más las personas que salen del Principado para trabajar en otros países de Europa y fijan en ellos su residencia.
Desde las pasadas elecciones autonómicas, los inscritos no pueden votar de forma directa, sino que deben cumplir un trámite previo. Es el llamado voto rogado. Los residentes en el exterior recibirán un impreso de la Oficina del Censo Electoral para que soliciten la documentación pertinente, con el día 24 del presente mes de febrero como fecha límite. A partir de ahí, podrán remitir su voto por correo al consulado correspondiente.
Es ahí donde radica la queja que ha trasladado el PP. Se considera desde esta formación que los emigrantes tienen cada vez más dificultades para ejercer su derecho al voto y quieren evitar que aquellos interesados en participar en los comicios tengan que pagar por ello, asumiendo el coste del envío.
